La Junta defiende su ley antidesahucios y reta a Rajoy a recurrirla

Acusa al Gobierno de exagerar el aviso de Bruselas para dinamitar la norma. El ministro De Guindos dice que el Ejecutivo hará lo que tenga que hacer “en última instancia”

el 25 jun 2013 / 10:26 h.

deficit-vazquez-juntaI. M. / D. C. La Junta reaccionó este martes airada ante la carta que la Comisión Europea ha remitido al Ministerio de Economía alertando del riesgo que el decreto antidesahucios puede infligir a la estabilidad financiera del país, un objetivo con el que España se comprometió hace un año y por el cual recibió 40.000 millones de euros, condicionados al saneamiento de sus bancos. El Ejecutivo andaluz denuncia que las autoridades europeas “no tienen competencias” sobre la legislación autonómica y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de parapetarse tras la carta de Bruselas y presionar a Andalucía para que retire el decreto, “porque no se atreve” a presentar un recurso de inconstitucionalidad en los tribunales. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, afirmó que el Gobierno intenta “magnificar” el mensaje de Bruselas sobre el decreto que permite la expropiación temporal del uso de viviendas a bancos en casos de desahucios con riesgo de exclusión social como “excusa o coartada” para recurrir la norma y le pidió que sea “valiente” para hacerlo. La Junta no duda del anclaje constitucional de la norma, más aun, tras la entrevista que mantuvo en Bruselas la consejera de la Presidencia con el presidente del Eurogrupo, Martin Schulz, quien le reconoció que otros países miembros de la UE han desarrollado leyes de protección de los deudores hipotecarios más vulnerables más exigentes que el decreto andaluz. Con todo, el contenido del mensaje de la Comisión trasluce un claro tono de preocupación por la citada norma, a la vez que conmina a España a hacer lo necesario para preservar el compromiso que firmó con Bruselas. “La Comisión Europea no tiene deseos de interferir en la legislación regional, pero nos preocupa que el decreto andaluz va más allá de un enfoque equilibrado para abordar el problema de los desahucios. Este decreto podría ser visto como un debilitamiento de los activos inmobiliarios (...) y tememos que pueda aumentar la incertidumbre en el mercado inmobiliario español, desalentar a los inversores extranjeros y retrasar el saneamiento del mercado financiero”, explican desde la Comisión sobre la misiva remitida a España. El mismo lunes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, envió la carta a su homólogo en Andalucía, el consejero Antonio Ávila, y ayer le pidió a través de los medios que haga lo necesario para corregir la norma. Según el ministro, el problema fundamental del decreto es que no tiene en cuenta los efectos que puede producir una medida de ese tipo, que genera diferencias entre las entidades bancarias. “El Gobierno siempre sabe cuáles son sus obligaciones en ultima instancia”, respondió el ministro cuando le preguntaron si se plantea recurrir el decreto en los tribunales en caso de que Andalucía no modifique la norma. Ávila tildó ayer de “ridículo” y “fuera de lugar” plantear que la norma ponga en riesgo el sistema bancario español. El decreto para el fomento de la vivienda, en vigor desde el pasado mes de abril, permite sancionar con hasta 9.000 euros a los bancos con pisos vacíos en propiedad, y expropiar a aquellos que estén a punto de desahuciar a una familia. De momento ya se han paralizado siete desahucio (dos en Granada, dos en Málaga, dos en Huelva y uno en Cádiz). En Andalucía hay contabilizadas 637.000 pisos sin habitar y una cuarta parte, según la Junta, está en manos de los bancos. “Es una barbaridad y una inmoralidad que alguien quiera interpretar de manera exagerada que la felicidad de unas cientos de familias, todas aquellas que están en situación de perder sus hogares, pueda poner en riesgo la estabilidad de este país”, concluyó Vázquez.  

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