22 medidas han consensuado las organizaciones agrarias y la Consejería que dirige Clara Aguilera dentro del plan de choque para el campo que José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, se comprometiera a elaborar para hacer frente a la crisis que soportan los agricultores y ganaderos.
Del borrador del documento, que se presentará la próxima semana, llama especialmente la atención la disposición del Gobierno autonómico a defender que haya unos precios mínimos ligados a los costes de producción para toda mercancía que salga del agro, siendo una iniciativa que no saldrá adelante sin reforma de las legislaciones nacional y comunitaria de la Competencia, puesto que prohíben este tipo de prácticas al estimar que van contra el libre mercado. Ni que decir tiene, además, que generará una ardua polémica con las cadenas de distribución.
En concreto, el documento, de más de 70 páginas, reconoce que existen grandes diferencias entre el precio que cobra un agricultor y el que pagan los consumidores, siendo una denuncia habitual de los representantes del campo, en especial de la UPA. Para fijar unos precios mínimos, se requiere ese cambio de las leyes de la Competencia, que el plan de choque solicita expresamente al Gobierno central y a Bruselas, aunque sea para situaciones de crisis como la que soportamos en la actualidad.
Además, se exige la reforma de la legislación de los contratos tipos y de las interprofesionales (o asociaciones que reúnen a industria y productores) para que puedan hablar de precios -un asunto que tienen vetado-, y se prevé un código de buenas prácticas comerciales, no obligatorio pero aconsejado a las compañías de distribución.
De hecho, la fijación de precios de los productos agrarios acapara uno de los tres capítulos que dividen el pacto, y en él se contempla la creación de un observatorio no sólo de precios, sino también de costes de producción. El objetivo, según fuentes del sector, es que los datos que ofrezca se conviertan en oficiales y sean actualizados constantemente de cara a unas cotizaciones mínimas que, en este caso, los agricultores andaluces impongan a las cadenas, "no al revés, como nos tienen acostumbrados". Para que esto suceda, sin embargo, queda mucho trecho.
El segundo capítulo del plan, que se ha consensuado con UPA, Asaja y COAG, atañe al aumento de la competitividad del sector y contiene iniciativas para concentrar la oferta productiva, esto es, para propiciar las fusiones entre sociedades -no sólo para las cooperativas, sino de las empresas en general-, reforzar la labor de promoción -"que sea una verdadera promoción de los productos, no de la Junta", precisan en UPA- y hacer hincapié en la incorporación al campo de jóvenes agricultores.
El tercer apartado se dedica a las infraestructuras agrarias -especialmente a los viejos caminos rurales-, a la financiación y, por último, a la fiscalidad. Sobre esta última, se insta al Ministerio de Hacienda -no es competencia de la Administración regional- a una actualización de los módulos fiscales -es el sistema por el que tributan los agricultores- porque "la rentabilidad actual del campo no es la misma que la de hace diez años y hay cultivos que ni siquiera dan beneficios", dicen en UPA. Se reclama también una modificación de las tarifas eléctricas para los regadíos. Sobre la financiación, se habla de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de las bonificaciones de tipos de interés, iniciativas ya en marcha.
Y en cuanto a la agricultura de riego, las ayudas públicas para la modernización podrán otorgarse a los agricultores particulares, sin necesidad de que estén asociados a comunidades regantes concretas, como hasta ahora fija la normativa.
Desarrollo rural y caminos. El plan de choque para la agricultura andaluza abarca tres ámbitos competenciales: el de la Junta de Andalucía, el del Gobierno central y el de la Unión Europea. Sobre el primero puede actuar, no sobre los otros dos, de manera que sólo cabe sugerir propuestas.
Sin embargo, fuentes de la organización agraria UPA señalan la importancia de que desde Andalucía surja una propuesta sobre precios mínimos para los productos agrícolas, un debate que ya incluso se ha abierto a nivel europeo de cara a la reforma de la PAC.
Por otro lado, el documento andaluz de consenso -que no firmado- precisa que se hará un seguimiento del Plan de Desarrollo Rural, con la finalidad de analizar qué actuaciones son fructíferas y cuáles no, de ahí que cabe la posibilidad de reasignar recursos para unas iniciativas y no otras.
De hecho, no faltan las críticas, sobre todo de Asaja, que en no pocos casos ha cuestionado el destino de los recursos y se pregunta si construir un tanatorio es desarrollo rural.
Sobre los caminos rurales andaluces, que las organizaciones agrarias tildan de "tercermundistas pese a que tenemos una agricultura de primera", el plan de choque los señala como una prioridad y reconoce, asimismo, la necesidad de mejorarlos, mas no concreta presupuesto alguno.
Así, hasta ahora lo que no hay es presupuesto global para afrontar las 22 medidas, una ausencia que reprochan fuentes de la patronal Asaja. En su descargo, se trata de un documento que ya ejecuta muchas medidas, que se reforzarán, y aporta nuevas. Gran parte de las iniciativas, asimismo, dependerá de las decisiones de las administraciones central y europea.
