Los accionistas del Betis tienen dos juntas de aquí a que termine el año: la extraordinaria, el 13 de diciembre, de la que debe salir un nuevo consejo de administración; y la ordinaria, el 29 de diciembre, en la que deben aprobar o rechazar las cuentas del ejercicio 2009-10. Hasta aquí, todo normal... O no. La junta ordinaria puede suspenderse y, por tanto, no tener lugar hasta 2011. La razón es un defecto de forma en su convocatoria que fue revelado y denunciado ayer por Béticos por el Villamarín (BXV), que sospecha que el Betis ha incurrido en este defecto voluntariamente.
El problema radica en la convocatoria que apareció en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del pasado 26 de noviembre. El fallo es la omisión del recordatorio a los accionistas de que a partir de la publicación de la junta pueden obtener toda la información que se someterá a su aprobación en la asamblea, incluidas las cuentas. Se da la circunstancia de que el Betis olvida ese párrafo en la convocatoria del BORME pero no en la realizada dos días después en este periódico, donde sí recuerda a los accionistas que "podrán examinar, obtener personalmente o solicitar el envío de copia de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010 [...], todo ello de forma inmediata y gratuita". Según fuentes jurídicas, la publicación que tiene validez a estos efectos es la del Boletín.
BXV se ha dado cuenta de la irregularidad y ya ha solicitado por vía notarial al consejo de administración que desconvoque la junta general ordinaria de accionistas. "No podemos arriesgarnos a que se celebre y que alguien la impugne y anule todo lo que se haga allí. La asamblea ya es ilegal de pleno derecho", explica Emilio Soto, portavoz de BXV. "Es un vicio no subsanable y la nulidad es radical", corrobora el abogado Manuel Serrano, uno de los dos miembros de BXV que firman el requerimiento notarial. El caso, además, tiene un precedente: hace cinco años, la Real Sociedad cometió el mismo fallo y tuvo que retrasar la junta a pesar de que corrigió inmediatamente su error. Es obvio, ya que la asamblea se celebra un mes después de su publicación oficial en el BORME y en un periódico local de tirada importante.
El fallo formal no es el único. Los accionistas, que legalmente deben tener a su disposición el balance económico de la sociedad, se han topado con que no es así. Los administradores judiciales del paquete de Farusa, y por tanto accionistas mayoritarios, pidieron el lunes por burofax al Betis que les remitiese los datos económicos, pero ha sido en vano y ahora se plantean denunciarlo ante el Juzgado de Instrucción, ya que no ofrecer las cuentas a los accionistas está tipificado como delito societario. Utilizaron el burofax, de hecho, para dejar constancia de su solicitud. A los grupos de la oposición les extraña que el Betis no haya preparado las cuentas a pesar de pagar 35.000 euros mensuales a la empresa Orión por gestionar ese capítulo. Al G-3 le sorprende que el consejo no tenga las cuentas a pesar de que debería haberlas aprobado 90 días después de cerrar el ejercicio. Es decir, a finales de septiembre.
EL BETIS NO VE NINGÚN PROBLEMA. El club, de manera oficiosa, replica que la convocatoria de la junta es legal y que las cuentas estarán en poder de los accionistas en los próximos días. Si no lo están aún es porque la actividad se centra estos días en preparar la junta extraordinaria del 13 de diciembre.
