La Junta ha denunciado en los juzgados la ocupación de pisos de titularidad pública por parte de las familias de chabolistas que han regresado al Polígono Sur tras meses de exilio en diversos asentamientos. El barrio, que vive en calma tensa, inició ayer la semana crucial en los intentos de sellar la paz entre los clanes enfrentados.
Fuentes de la Consejería de Vivienda indicaron ayer a Europa Press que aún trabajan en la regularización de los pisos, para lo que están revisando la documentación presentada por las 41 familias que el fin de semana han vuelto al Polígono Sur.
Esta documentación determinará si legalmente les corresponde o no quedarse en las viviendas. Cualquier decisión en este sentido será puesta en conocimiento del juez, que decidirá si hay que desahuciarlos. La consejería prevé que los expedientes estén resueltos, como fecha límite, en septiembre.
Estas 41 familias, que han estado los últimos cuatro meses exiliadas en asentamientos chabolistas, viven una semana crucial después de su regreso al barrio el pasado fin de semana. "Hasta ahora todo ha estado tranquilo, pero mañana no sabemos qué va a pasar", explicaba ayer un joven de una de estas familias.
No quiere dar su nombre. La situación de calma tensa no es sólo una mera frase hecha; es una realidad. "Primero volvimos tres familias, estábamos hartos de estar de un lado para otro durante tanto tiempo; lo hemos pasado muy mal. Entonces tres familias decidimos regresar a nuestros antiguos pisos y, al cabo de un día, vimos que todo estaba tranquilo y ya vinieron el resto de familias", cuenta, en la explanada frente a su bloque de pisos, en Los Verdes, en la calle Luis Ortiz Muñoz.
El resto de familias son unas 300 personas. Huyeron del barrio el 30 de marzo, después de que el día anterior una bala perdida alcanzara en cabeza a un joven de 17 años, que murió en el hospital Virgen del Rocío días después.
La vuelta al barrio se ha ejecutado con muchas precauciones. "Volvimos con mucha vigilancia policial. Habían asaltado nuestras casas y aunque estaban precintadas se saltaron todo y las han destrozado", cuenta. "Tenemos los grifos rotos, las tuberías, los muebles, todo", apunta otra joven de esta misma familia.
Esta semana será decisiva. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en declaraciones a la Cadena SER, aseguró que "diversas familias no querían que sus enemigos volvieran. Se trató de contactar con el grupo rival, pero no hay todavía un acuerdo". Chamizo defendió el dispositivo policial porque "nunca se sabe cuándo volverán los conflictos".
La investigación de Vivienda ha resuelto, hasta ahora, la ausencia de acreditación de propiedad por parte de 17 de los moradores. Sólo dos de las familias tienen derecho a "recuperar" sus pisos, una ha renunciado por propia voluntad a su propiedad y hay otros 21 casos en estudio.
