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La Junta descarta llevar al Parlamento los cambios en el plan urbanístico

El Gobierno andaluz negó que las modificaciones que está negociando con los agentes sociales y económicos y la FAMP sobre el POTA alteren el espíritu del controvertido plan urbanístico. Aunque la Junta ha accedido a aplicar excepciones que afectará a más de la mitad de los municipios, el plan no volverá al Parlamento.

el 14 sep 2009 / 20:28 h.

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El Gobierno andaluz negó que las modificaciones que está negociando con los agentes sociales y económicos y la FAMP sobre el POTA alteren el espíritu del controvertido plan urbanístico. Aunque la Junta ha accedido a aplicar excepciones que afectará a más de la mitad de los municipios, el plan no volverá al Parlamento.

No son cambios, sino medidas complementarias para permitir "flexibilizar" la aplicación del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Ésa es la lectura que hace el Gobierno andaluz de la operación a la que se está sometiendo al plan urbanístico, sobre el que ha habido un amplio debate en esta legislatura y que, tras pasar por el Parlamento, está siendo motivo de una negociación entre el Gobierno andaluz y los agentes económicos y sociales.

El POTA, dijo el número dos del Ejecutivo autonómico, Gaspar Zarrías, se mantiene "en todos sus términos". "La flexibilización, a través de medidas que posibiliten su aplicación, no implica la modificación ni la aprobación de un texto de características similares", sostuvo el consejero de la Presidencia, que descartó por tanto que se esté llevando a cabo una relectura del plan que obligue a volver a andar los pasos de estos años.

Pese a ello, las cuestiones más polémicas y que ahora están en discusión surgieron a raíz del tramite en el Parlamento del POTA. Los controvertidos límites al crecimiento urbanístico (un 40% como máximo) y de población (hasta un 30%) son los puntos que despertaron un rechazo absoluto de los empresarios andaluces y las críticas de muchos municipios. Éstos, a través de la FAMP, han logrado que cuando tengan menos de 10.000 habitantes (más de 400 de los 770 que hay en Andalucía) puedan crecer por encima de ese 40% -cómo, dependerá del desarrollo normativo futuro- mientras que la CEA ha conseguido que la urbanización de suelos industriales no compute al contabilizar el porcentaje de crecimiento. La patronal pretende que algunos suelos terciarios tampoco lo hagan, aunque por el momento el Gobierno andaluz no ha cedido en esto.

Tampoco la Junta está dispuesta a ceder en la propuesta de la patronal de que los habitantes de las VPO no computen a la hora de valorar cuánto ha crecido un municipio. Según confirmó a este periódico el Ejecutivo autonómico, los empresarios defienden que quienes residen en una vivienda protegida son vecinos del municipio y, por tanto, no han de tenerse en cuenta a la hora de computar los crecimientos de población. Pero el requisito de estar censado en el municipio en el que se aspira a una VPO, según la Junta, no se da cuando se trata de viviendas de promoción privada.

Las conversaciones sobre el POTA se están llevando a cabo entre los agentes de la Concertación, que criticaron en su día que el plan se diseñó sin diálogo. Está por ver si, cuando culmine esta negociación, la patronal retira el recurso planteado ante el TSJA.

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