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La Junta desoye el aviso de patronal y PP e inicia el plan que blinda la costa

El Gobierno acuerda la formulación del documento que los empresarios querían negociar en la Concertación

el 29 ene 2013 / 20:23 h.

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Imagen de una playa de Barbate.

El polémico plan que pone coto al ladrillo en el litoral sigue adelante pese al aviso de la patronal y de los alcaldes del PP. El Consejo de Gobierno acordó ayer la formulación del documento que pretende blindar la primera línea de costa (500 primeros metros) del exceso de cemento, uno de los principales males que arrastra Andalucía. La Junta, que deberá aprobar la ley antes de dos años, intentará consensuar ahora un texto con el Estado y cinco alcaldes de los municipios costeros, pero el acuerdo se antoja imposible porque el PP, que gobierna en la mayoría de esos ayuntamientos, ya ha anunciado que recurrirá el plan a través de las diputaciones. Los empresarios son los otros enemigos de la norma. La patronal vinculó su apoyo a la Concertación, que la Junta da por casi cerrada, con la negociación y retirada del polémico plan.


Pero el Gobierno andaluz considera innegociable la norma que preservará la costa de las tropelías urbanísticas. En ningún momento ha existido la posibilidad de que el decreto del litoral se incluyera en las conversaciones del Pacto por Andalucía y del VIII Acuerdo de Concertación, pese a que el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, lo pusiera como condición el día que acudió a San Telmo para reunirse con el presidente andaluz, José Antonio Griñán. El trámite de ayer significa que el plan sigue adelante tal y como estaba previsto. Los promotores consideraron una "falta de respeto" que un asunto "primordial" como este quede fuera de la Concertación. "Si obviamos todos los temas espinosos para la Junta, la Concertación terminará siendo algo vacío de contenido", avisó el secretario general de Fadeco, Emilio Corbacho.

En seis meses deberá someterse a información pública un primer texto y las distintas administraciones, empresarios y sindicatos tendrán dos meses para presentar alegaciones. La restricción urbanística funciona desde que la Junta aprobó el decreto-ley, el pasado 27 de noviembre. Desde ahí rige una medida cautelar: todo el suelo urbanizable costero que no tenga un ordenamiento urbanístico en vigor o proyectos ya en marcha no podrá ser construido. Y es que la mayor parte de los municipios de la costa no tienen sus planeamientos al día, esto es, no se han adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Esa norma, de 2006, limita los crecimientos urbanos al 40% del territorio y al 30% de la población. De los 62 ayuntamientos del litoral solo el 11% tiene sus PGOU ajustados a la ley.

A ellos no les afectarán las restricciones del decreto, al resto, sí. Los incumplidores tienen dos años para adaptarse al POTA y si en ocho años no lo han conseguido, directamente se aplicarán los límites de crecimiento fijados en la ley andaluza. El PP rechaza de plano el documento porque advierte de que "paralizará el crecimiento económico" y provocará "más inseguridad jurídica". La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente -con competencias urbanísticas- asegura que "preservar no es paralizar" y detalla que actualmente el litoral andaluz cuenta con 30 millones de metros cuadrados en los que se podrán levantar hasta 40.000 viviendas. La mitad, más de 20.000, estarían en Málaga, donde el PP denuncia que el decreto dejará también en el aire hoteles, campos de golf y paseos marítimos.

La consejería que dirige Luis Planas ha empezado una ronda por las provincias para explicar las bondades del plan. La reunión ayer con alcaldes de Almería fue "positiva", según la Junta, y hoy toca viajar a Málaga, la provincia más beligerante. Allí los regidores populares darán plantón a la consejería. El titular de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), aseguró que los empresarios del sector están encantados con la norma. "Son los primeros interesados en que haya un producto de vanguardia, de calidad.", afirmó. Criticó, en alusión al PP, que haya "dirigentes que juegan un papel institucional fundamental en la defensa de un territorio y estén más interesados en defender a grandes promotores inmobiliarios que a los empresarios turísticos".

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