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La Junta dice a Estrasburgo que «en breve» será posible el desalojo voluntario de Utopía

El plazo dado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo expiró ayer

el 13 mar 2014 / 09:00 h.

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CORRALA-UTOPIA-PORTADAEl plazo dado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a Junta y Ayuntamiento para que le digan qué medidas van a adoptar para proteger a los ocupas de la Corrala Utopía, sobre los que pesa la amenaza de desalojo forzoso desde el 25 de febrero, expiró ayer. La Junta remitió un escrito en el que señala que «está apurando al máximo» sus «competencias para defender el derecho a la vivienda» de unas 30 familias que desde hace dos años ocupan un bloque propiedad de Ibercaja en la Avenida Juventudes Musicales de San Lázaro y asegura que «en breve periodo de tiempo se podrá articular el desalojo voluntario del inmueble». El pasado miércoles, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Vivienda, Elena Cortés, se reunieron para abordar propuestas conjuntas para el realojo de las familias en riesgo de exclusión social, una reunión tras la cual se anunció la creación de una comisión bilateral para avanzar en una solución. Fuentes de ambas administraciones confirmaron que desde entonces la comisión ha estado trabajando, si bien el abogado del Grupo 17 de marzo que defiende a los ocupas, Luis de los Santos –y que presentó la denuncia ante Estrasburgo– señaló que de momento no se ha comunicado a las familias ninguna propuesta concreta. En la denuncia, De los Santos alertaba de la vulneración de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíben tratos inhumanos o degradantes y exigen el respeto a la vida privada y familiar en su vertiente del derecho a la vivienda. En su respuesta al requerimiento del Tribunal Europeo, la Junta garantiza que no se vulnerarán ambos artículos ya que Junta y Ayuntamiento están perfilando una solución compartida. La Junta sostiene que no dispone de VPO vacías en la capital para todas las familias –solo hay una promoción a punto de terminarse– y el Ayuntamiento, que tiene unas 140 VPO sin adjudicar en Nuevo Amate, defiende que no priorizará «a quien da la patada en la puerta». El Consistorio envió el martes su respuesta al requerimiento de Estrasburgo al abogado del Estado.

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