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La Junta diseña una red de alerta para retirar productos peligrosos

Eliminar del imaginario colectivo la idea de que no sirve de nada quejarse cuando se vulneran los derechos del consumidor. Ése es el gran objetivo que persigue el plan que ayer aprobó el Gobierno andaluz.

el 15 sep 2009 / 15:39 h.

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Eliminar del imaginario colectivo la idea de que no sirve de nada quejarse cuando se vulneran los derechos del consumidor. Ése es el gran objetivo que persigue el plan que ayer aprobó el Gobierno andaluz que busca implicar más a los ayuntamientos en esta tarea.

Son casi 66 millones de euros los que la Junta prevé destinar hasta 2011 para desplegar todas las medidas incluidas en el Plan de Protección y Defensa de Consumidores. Hay dos políticas en las que se centrará el departamento que dirige Clara Aguilera: las acciones de formación y educación y el reforzamiento de la seguridad de los productos.

Casi un tercio de los recursos irá destinado a "garantizar" que no circulen mercancías peligrosas para lo que la Consejería de Gobernación prevé aprobar antes de que acabe el año una normativa que regule la Red de Alerta Andaluza un instrumento para "limitar o suspender la comercialización de productos peligrosos". Aunque la consejera no avanzó detalles -no facilitó el contenido del plan a la espera de presentarlo en el Parlamento-, la citada red vendría a agilizar los mecanismos para retirar de la circulación mercancías que no cumplen la normativa. La conexión con el empresario es clave para que este nuevo instrumento funcione.

Para mejorar la información del consumidor, el plan de la Junta prevé intensificar las relaciones con las asociaciones de consumidores y usuarios (tres en Andalucía: Facua, UCA y Al-Andalus). A ellas les garantizó que se mantendrá la línea de colaboración presupuestaria de los últimos años, aunque esta estrategia será compatible, según el Gobierno andaluz, con el aumento del número de oficinas municipales de información de consumo. Cuando se implantaron las denominadas OMIC, las organizaciones de consumidores fuerno bastante beligerantes con el papel que estas oficinas iban a desempeñar.

Pese a ellos, en la actualidad no todos los ayuntamientos disponen de estas oficinas y el objetivo de Clara Aguilera es que lleguen al mayor número de ayuntamientos posible. La consejera avanzó además que su equipo, con motivo del debate estudia hasta qué punto pueden implicarse los ayuntamientos en materia de consumo en la nueva ley de régimen local, en la que la Junta estudia qué competencias han de ser definidas como municipales.

Queja por internet. También antes de 2009, el Ejecutivo autonómico tiene previsto implantar la hoja de queja electrónica para que, a través de internet, los ciudadanos puedan presentar sus quejas. La Consejería promete aprobar además un Estatuto de los Usuarios de los Servicios Públicos, que definirá derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración autonómica.

Para la consejera, la mediación y la conciliación han de ser los principales mecanismos para resolver los conflictos que surjan en esta materia. A su juicio, "en momentos de crisis es cuando más se deben proteger los derechos de los consumidores".

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