La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, declaró en Canal Sur Radio que su departamento está dispuesto a modificar "algún fleco no bien recogido" y corroboró que los sindicatos ya conocen esta intención.
El decreto-ley de reordenación del sector público ha unido a todos los sindicatos, desde bandos distintos, y a los partidos de la oposición en contra de la Junta. La reforma trata de poner coto a la red de empresas públicas y prevé eliminar 111 de las 254 entes -se crean 14 macro agencias- con un ahorro de 30 millones.
La reforma ha originado un profundo malestar en muchos trabajadores, organizados en activas plataformas que han conseguido reventar más de un acto público y que inundan la red de mensajes contra el Gobierno.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció que no habrá marcha atrás y acusó a los sindicatos de lanzar "bulos" por intereses electorales. El PP formalizará mañana ante el Constitucional un recurso contra el decreto. Sindicatos de funcionarios como CSIF y SAFJA o CCOO y UGT han ido ya a los tribunales.
Los primeros denuncian que se permitirá a trabajadores de las empresas públicas convertirse en funcionarios. Los segundos, advierten de un retroceso en general en la calidad del empleo público, con pérdidas para trabajadores laborales que deban integrarse en las nuevas agencias.
La consejera admitió ayer que el decreto, que se ha aprobado por la vía de urgencia, ha tenido un tiempo de tramitación "más corto" pero defendió que la propuesta no plantea "pérdida de derechos ni reducción de puestos de trabajo". "En ningún caso se pretende ni que el personal laboral pase a ser funcionario ni tampoco que el personal laboral que ya tiene categoría de fijo desaparezca", defendió la consejera.
Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron que existen contactos con los sindicatos y que ayer se celebró una reunión de la Mesa General de la Función Pública que habría permitido "un primer acercamiento sobre la letra pequeña del acuerdo". La Junta no señaló que estaría dispuesta a rectificar pero advirtió de que son "situaciones puntuales", de trabajadores concretos.
Los sindicatos enfriaron las expectativas de pacto. La responsable del sector de Administración Autonómica de CSI-F Andalucía, Alicia Martos, negó que su sindicato haya sido convocado a ninguna negociación formal y sí admitió "contactos informativos" con las consejerías de Agricultura, Igualdad, Medio Ambiente y Empleo, para ver los términos en los que quedarían las agencias públicas de estos departamentos. "En ningún caso podríamos decir que hay un principio de acuerdo porque además no vamos a negociar sobre la base de un decreto que pensamos que es inconstitucional", avisó Martos.
Según explicó, y luego corroboraron sus compañeros de mesa, la reunión duró 30 minutos y no abordó esta cuestión sino los Presupuestos.Las negociaciones sobre el sector público se están manteniendo con UGT y CCOO en el marco de la concertación, como ya avanzó este periódico. El secretario general de Administración Pública de CCOO-A, Felipe Falcón, aseguró que su sindicato protestó ayer porque se convoque la Mesa de la Función Pública sin abordar este polémico asunto pero admitió que hay mesas técnicas trabajando para tratar de acercar posiciones. Falcón se alegró de que la Junta sea optimista pero advirtió de que solo hay un papel que prevé una rectificación del decreto que ven "insuficiente". "Que la Junta rectifique es un paso pero no se pueden adelantar acontecimientos". Su sindicato, advirtió, "no admitirá reformas puntuales".
CCOO y UGT tienen previsto presentar hoy a la Junta una contrapropuesta conjunta en una reunión con Hacienda, confirmó a El Correo el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado. "El documento de partida de la Junta es pobre, hay muchas lagunas. Queremos aclarar cómo será la negociación colectiva del futuro y obtener más garantías jurídicas", avisó Tirado. "Estamos trabajando ahora mismo no puedo decir ni mal, ni bien ni regular", agregó. El portavoz de UGT reclamó que la situación se aclare "lo antes posible" porque existe "una gran confusión y una alarma desorbitada". "Hay gente más interesada en avivar el fuego que en apagarlo, nosotros queremos echar agua", concluyó.
