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La Junta doblará los técnicos que buscan suelo en los municipios para hacer VPO

La Junta prevé casi doblar a principios de 2009 las oficinas de asesoramiento urbanístico para que los municipios, sobre todo los pequeños, con muy pocos medios, adapten sus planes generales a la ley y liberen así el suelo necesario para VPO. Hasta ahora, muy pocos ayuntamientos han hecho sus deberes.

el 15 sep 2009 / 19:07 h.

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La Junta prevé casi doblar a principios de 2009 las oficinas de asesoramiento urbanístico para que los municipios, sobre todo los pequeños, con muy pocos medios, adapten sus planes generales a la ley y liberen así el suelo necesario para VPO. Hasta ahora, muy pocos ayuntamientos han hecho sus deberes.

Las ambiciosas cifras de vivienda protegida que el Gobierno andaluz ha prometido construir en la próxima década -unas 300.000- no se podrán llevar a cabo si los municipios no encuentran suelo suficiente para levantarlas. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) obliga a los ayuntamientos a reservar el 30% del terreno urbanizable a VPO, pero lo cierto es que pocos pueden cumplirlo porque aún no han conseguido adaptar sus planes generales a esta norma. La fecha tope para hacerlo expiró en enero de 2007. Hoy, sólo 102 de los 770 municipios han hecho los deberes; otros 272 están en proceso.

La Junta puso en marcha un plan de choque para agilizar esas adaptaciones y lograr así el suelo necesario para hacer los pisos protegidos que demanda la sociedad. Además de ayudas económicas directas a las corporaciones locales, se crearon las oficinas de asesoramiento urbanístico, pieza clave porque se encargan de localizar las bolsas de suelo que se pueden destinar a VPO y de ajustar los planeamientos a la ley. Hoy funcionan 27 oficinas en toda Andalucía y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene previsto abrir 19 más hasta el primer trimestre del año que viene. Entonces se habrá completado la red, con 46 departamentos.

Estarán repartidas por el territorio andaluz y cubrirán al 91% de los consistorios. Se escapan las capitales y los municipios más grandes, que no necesitan este instrumento. Va dirigido, principalmente, a las pequeñas localidades que no tienen medios ni capacidad para llevar a cabo la adaptación. Las provincias que dispondrán de más oficinas son Jaén, Almería y Granada (siete), seguidas de Sevilla, Cádiz y Huelva (seis), y Málaga y Córdoba (cuatro).

Edificaciones ilegales. Cada oficina tiene un coste de 203.734 euros al año y suele contar con una plantilla de cuatro técnicos. Según la Consejería de Vivienda, su implantación está teniendo muy buena acogida en los municipios, dispuestos a colaborar para dar respuesta a la gran demanda de VPO, sobre todo entre los jóvenes. Los pueblos más pequeños, incapaces de asumir las competencias urbanísticas en este terreno, piden asesoramiento para la elaboración y adaptación de sus planes generales pero también para buscar soluciones al problema de las edificaciones ilegales.

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