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La Junta Electoral Central estudiará este jueves la incidencia de las movilizaciones en la campaña

En algunas ciudades se ha desalojado o prohibido las concentraciones de protesta mientras que en otras están autorizadas.

el 19 may 2011 / 08:05 h.

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La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto estudiar este  jueves la incidencia de las movilizaciones del 15 de mayo en la  campaña electoral y en la jornada de reflexión del sábado, según se  informó a Europa Press en fuentes del organismo arbitral.  

De entrada, la JEC tiene sobre la mesa una consulta que le ha  dirigido la Generalutat de Cataluny a para saber si debe desalojar  este sábado a los ciudadanos concentrados en la plaza Cataluña de  Barcelona.

En rueda de prensa en Barcelona, la vicepresidenta del Gobierno  catalán, la democristiana Joana Ortega, ha recordado que no se pueden  celebrar manifestaciones políticas el día antes a unas elecciones,  por lo que la Junta Electoral Central debe decidir si se actúa para  evitar que se enarbolen mensajes políticos en la jornada de  reflexión.

La decisión de la JEC servirá para fijar criterio en todas las  provincias ante la posibilidad de que los ciudadanos movilizados por  las distintas ciudades prorroguen su acciones hasta la misma jornada  electoral, como han anunciado.  

UNIFICAR CRITERIOS

Pero, además, el máximo organismo arbitral podría tener que  estudiar las distintas resoluciones que han venido adoptando las  juntas electorales provinciales ante las concentraciones anunciadas  para este martes, la mayoría de las cuales han sido prohibidas al  considerarse que influyen en la campaña electoral.  

La Junta Electoral de Madrid, la misma que hace una semana dio vía  libre a la manifestación contra las listas de Bildu y el papel del  Gobierno en la legalización de la izquierda abertzale, ha prohibido  la concentración de la Puerta del Sol alegando tanto motivos formales  como de fondo.  

En primer lugar, dice que no concurren "causas extraordinarias y  graves" de justificasen comunicar la movilización por debajo del  plazo legal de 10 días de antelación y, en segundo lugar, porque  entiende que la petición del "voto responsable" puede afectar a la  campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al  ejercicio del voto.  

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