El Gobierno andaluz remitirá los datos de 70 nuevos falsos prejubilados a la jueza que investiga una presunta trama fraudulenta tejida con ayudas públicas. Es el resultado de la investigación interna que abrió la Junta el 17 de enero, después de que actuara la justicia, y que está a la mitad. El consejero de Empleo, Manuel Recio, ofreció ayer en el Parlamento y en una rueda de prensa los datos de la segunda fase de sus investigaciones y elevó a 70 el número de intrusos -gente que nunca trabajó en una empresa y que cobra una prejubilación- detectados en 35 Expedientes de Regulación de Empleo de 19 empresas. Quedan todavía otros 35 ERE vivos -aún están recibiendo ayudas públicas- por examinar y Empleo dijo que "es posible que aparezcan más" casos.
La Junta culpa únicamente de las ilegalidades al que fuera director general de Empleo desde 1999 a 2008, Javier Guerrero -cuya declaración policial abrió la caja de los truenos-. Pero Recio confirmó ayer que se firmaron expedientes irregulares después de esa fecha, es decir, con Juan Márquez como director general bajo la batuta de exconsejero Antonio Fernández. Cuando Recio llegó a la consejería, en abril de 2010, destituyó a Márquez.
En un primer momento, el Gobierno andaluz creyó que debía estudiar 45 expedientes vivos. La primera fase de la investigación se centró en 30 ERE presentados por 12 empresas en los que se detectaron 37 intrusos. Ahora se suman 33 "nuevas discordancias" más -palabras de Recio- halladas en cinco expedientes que afectan a siete firmas. De momento hay ocho socialistas destapados entre los jubilados fantasmas, que tienen abierto expediente de expulsión. Fuentes del partido confirmaron ayer que están cruzando datos y que habrá más. Serán otros militantes de base, la mayoría del entorno de Guerrero, que fue también exalcalde de El Pedroso, y de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla y exalcalde de Camas.
Todos cobraron del fondo de 647 millones de euros que la Junta habilitó durante los últimos diez años para ayudar a empresas en crisis y que salió del circuito oficial de la Consejería para pagarse a través de la empresa pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). El Gobierno defiende que se hizo para "aportar agilidad". Guerrero lo calificó ante la Policía como un "fondo de reptiles" aunque luego se retractó. Recio insistió en que el "mayor porcentaje de ese dinero está bien utilizado". Igualmente, hizo mucho hincapié en que los 70 falsos prejubilados suponen sólo el "0,04%" [en realidad es el 4,46%] del total de trabajadores analizados, unos 1.569. "No tengo la impresión de que en cada empresa se haya colado un intruso".
nuevos datos al juzgado. La Junta anunció que también remitirá a la justicia los datos de subvenciones directas a empresas otorgadas para apoyar el mantenimiento o la creación de empleo. Se dieron 130 ayudas, 13 a ayuntamientos socialistas, por 87 millones. El Gobierno, hasta ahora, ha defendido como legal estas subvenciones. "La única forma de atajar las dudas es mandarlo todo al juzgado. La Junta ni tapa ni esconde nada", defendió Recio. No quiso confirmar si la jueza le ha pedido expresamente esta documentación pero lo dejó entrever. "La jueza nos hace cada día diversas peticiones. En realidad, su petición es amplísima", explicó tras las reiteradas preguntas.
Recio se negó a revelar las empresas afectadas, si hay socialistas entre los falsos prejubilados ni a cuantificar el dinero malutilizado. "No hablo de casos particulares", dijo. El PP le reprochó en un tenso pleno del Parlamento que no aclare por qué la consejería frenó ocho borradores que pretendían dar un armazón normativo al reparto de ayudas después de que la Intervención General de Hacienda dudara hasta tres veces del procedimiento.
El consejero reiteró que el control "existió" y que le correspondía "a la Intervención". Javier Guerrero, en una entrevista publicada ayer en El País, contó que antes de 2001 las ayudas se daban a través de la Intervención, pero que se cambió esta fórmula porque "no podíamos estar al pairo de los caprichos del interventor". Guerrero define a los intrusos como "criaturas desempleadas necesitadas de ayuda sociolaboral" y apunta a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera como responsables. Sobre el que el PSOE y la Junta lo señalen como único culpable, sentencia: "Un tío no está nueve años en una Dirección General de Trabajo porque es un chufla".
Recio volvió a cerrar filas con sus antecesores. Entre un exdirector general de Empleo "que un día dice una cosa y al siguiente se desdice" y dos consejeros "que han trabajado cientos de horas por Andalucía", la "credibilidad está en ellos", dijo.
