El Gobierno andaluz avanzó ayer algunos datos del plan de reorganización del sector público que va a llevar a cabo para reducir gastos y aminorar el déficit. En una "primera fase", la Junta ha optado por las fusiones, por reagrupar muchas de sus grandes empresas, pero las extinciones son casi testimoniales. El ahorro: 30 millones de euros. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, avanzó que únicamente desaparecerá el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) -la primera empresa pública que creó la Junta en 1984- y las Cámaras Agrarias. Dos figuras administrativas de los 254 entes que reconoce como suyos la Junta del inventario oficial del Ministerio de Economía, que apunta 317. Hace menos de un mes, el presidente José Antonio Griñán aseguró que se eliminarán 110 entes.
En el resto de casos, el Gobierno andaluz reagrupa sus empresas, lo que supondrá eliminar puestos directivos (hasta 180) y unificar sedes, sobre todo en las provincias. La portavoz del PP, Esperanza Oña, arremetió con dureza contra un reforma hecha, dijo, "para cubrir el expediente" y que supondrá un ahorro del 0,6% del Presupuesto que la Junta destina a sus empresas públicas (5.470 millones de transferencias corrientes en las cuentas de 2010).
Las reformas tocarán a todas las consejerías. Se crearán siete grandes agencias públicas, más sujetas al control del Gobierno, en detrimento de sociedades mercantiles y otros entes de personalidad jurídica menos transparente. Destacan una gran Agencia de la Obra Pública, otras de políticas medioambientales y de agua, una Agencia Pública de Instituciones Culturales de Andalucía, una Agencia de Empleo y se reforzará la Agencia de la Dependencia. En las provincias se reubicarán empresas en un único edificio y la apuesta es aprovechar la "economía de escala" en la contratación de bienes y servicios.
Martínez Aguayo realizó durante su intervención una defensa a ultranza del empleo público que no convenció del todo a IU, cuyo portavoz, Pedro Vaquero, aseguró que su grupo seguirá "con las orejas tiesas" mientras los sindicatos, sobre todo CCOO, expresen sus reservas. "No se puede ser más eficaz si se deteriora o daña el empleo público", alertó.
Oña (PP) aseguró que la red de empresas de la Junta son "un capricho muy caro", con "directivos nombrados a dedo que se ponen el sueldo que quieren". "Tienen una conducta clasista, demuestran ser dirigentes alejados de la calle", aseguró Oña.
A la consejera de Hacienda le bastó mirarse en el espejo de Madrid o Valencia, gobernadas por el PP y con más número de empresas públicas por habitante, para sostener que en ningún caso la Junta responde al cliché "despilfarrador", que le atribuye el PP. Más dura fue la socialista, Pilar Navarro, quien repasó la "reorganización" del sector público que llevó a cabo el ex presidente Aznar. "Colocó a sus amigos del alma al frente de las empresas públicas de España y luego hizo una gran desamortización del sector que supusieron 30.000 millones de euros", alegó.
