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La Junta endurece el control de la gestión local en dependencia

Los alcaldes tendrán que justificar cada dos meses el dinero que Igualdad les adelanta para el pago de los servicios de ayuda a domicilio.

el 07 nov 2010 / 21:05 h.

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Protesta de los trabajadores de ayuda a domicilio de San Roque (Cádiz).
Hace meses, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, anunció su intención de buscar fórmulas jurídicas para garantizar que el dinero que adelanta semestralmente a los ayuntamientos para pagar el servicio de ayuda a domicilio de las personas dependientes, que éstos gestionan, recibe realmente ese uso, en un momento en el que las arcas municipales están vacías y los consistorios dedican cada fondo que perciben a tapar agujeros. Navarro estaba harta de encontrarse, en sus apariciones públicas, con trabajadores de estos servicios reclamando el pago de sus nóminas, cuando la Junta envía puntualmente el dinero a los consistorios para cubrir esos pagos. Tras estudiar cómo controlar el uso municipal de ese dinero sin inmiscuirse en las competencias y la autonomía local, una orden fraccionará los pagos de la Junta a los alcaldes y les obligará a rendir cuentas con más frecuencia.

 

Así, hasta ahora la Junta adelantaba a los consistorios el dinero semestralmente, en enero y en junio, y era al final de cada periodo cuando debían justificar cómo habían gastado el dinero de esos seis meses. La nueva orden -cuyo borrador ya ha recibido el visto bueno de la FAMP, los sindicatos y la patronal y está pendiente del informe del gabinete jurídico para su publicación en el BOJA- prevé realizar tres pagos por semestre, es decir, adelantar el dinero para dos meses, y exige que los ayuntamientos justifiquen el gasto con la misma periodicidad mediante el pertinente informe fiscalizador suscrito por el interventor municipal.

Andalucía es la única comunidad que financia íntegramente el servicio de ayuda a domicilio de los dependientes que se presta a través de los servicios sociales comunitarios municipales, ya que el modelo de financiación de la Ley de Dependencia compromete a las tres administraciones -estatal, autonómica y local-, por lo que en otras comunidades los propios ayuntamientos pagan de sus presupuestos parte de estos servicios.

Además, la Junta decidió adelantar el fondo a los consistorios para que éstos no tuvieran que detraerlo de sus cuentas, aunque luego les fuera devuelto. Pero la crisis sumió a muchos ayuntamientos en la ruina y, puesto que el fondo adelantado por la Junta no es finalista y va a la caja común municipal, hubo alcaldes que echaron mano de él para tapar necesidades urgentes, retrasando el pago a los trabajadores de estos servicios a los que Navarro se encontraba luego protestando en la calle.

La Consejería de Igualdad estudió otras fórmulas como obligar a los consistorios a crear una caja exclusiva para este fondo, pero jurídicamente colisiona con la autonomía local, y pese a las reclamaciones sindicales, la orden no incluye tampoco un régimen sancionador para los consistorios incumplidores, en parte por problemas jurídicos y en parte porque se acercan las elecciones municipales y al Gobierno andaluz no le conviene abrir frentes con ayuntamientos del mismo signo político, ya que los problemas se dan en municipios de todo color. Eso sí, al igual que cuando el pago era semestral, la justificación del fondo anterior es requisito imprescindible para recibir el dinero de los siguientes meses.

La ayuda a domicilio es una de las prestaciones por las que más apuesta la Junta en el desarrollo de una ley que, pese a considerar las ayudas económicas como excepcionales, ha visto como éstas han acabado primando sobre los servicios. En Andalucía, actualmente, las ayudas económicas representan el 45% de las prestaciones que reciben los dependientes. Del 55% restante que son los servicios, la ayuda a domicilio supone el 19%.

En la comunidad andaluza, ésta es compatible con la teleasistencia y los centros de día -el régimen de compatibilidades entre prestaciones lo decide cada comunidad-, dentro de la estrategia de la Junta por potenciar los servicios que la llevó también a eliminar el derecho a vacaciones pagadas a los familiares cuidadores y que hace que la consejera lleve tiempo reclamando al Ministerio una reforma en la ley para que la familia no tenga la última palabra sobre la prestación.

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