La consejera de Hacienda, María Jesús Montero.
Hace ahora un año, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, compareció nada más conocerse el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, anunciando que las cifras del Gobierno central para Andalucía eran alarmantes, y que la Junta tendría que asumir un drástico recorte en su presupuesto de 1.200 millones de euros. Ese año, como éste, las cuentas del Estado destinaban más inversión para la comunidad que en el ejercicio anterior, pero al Ejecutivo andaluz le siguió pareciendo insuficiente, y además denunció que el nivel de inversión estatal en la región había quedado por debajo del peso poblacional de Andalucía (17,8%), lo cual incumplía la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Esto mismo ha ocurrido esta mañana, durante la comparecencia de Montero para analizar los Presupuestos Generales de 2015, sólo que esta vez del discurso de la consejera andaluza no se deduce que vayan a peligrar los servicios básicos de esta comunidad. La disminución de las entregas a cuenta del Estado y la obligación de cumplir con un límite en el déficit del 0,7% del PIB obligarán a la Junta a acometer un ajuste de 606 millones de euros, la mitad que el año pasado.
A partir de aquí, y con el escenario de un año electoral de fondo, el Gobierno de Susana Díaz articula dos discursos en paralelo, el del agravio que baja desde Madrid, y el del impulso de la economía andaluza que le llevará a presentar los primeros presupuestos autonómicos expansivos dentro de un mes, a pesar de la merma de ingresos del Estado. Para sintetizar: la Junta niega la recuperación económica de la que habla el Gobierno de Rajoy (Es verdad que ya no caemos, pero tampoco sirven para levantarnos. Los presupuestos tienen un fin electoralista para que no se estropee el titular de la recuperación), pero confía en el repunte de la economía andaluza y en la recaudación propia vía tributos como baza para presentar los primeros presupuestos al alza en seis años, blindando los servicios sociales y reactivando levemente la partida para infraestructuras. Este discurso dual se sostiene en los siguientes puntos, que la consejera ha enumerado esta mañana: primero, la Junta pone en entredicho la recuperación económica que augura el ministro Cristóbal Montoro en sus presupuestos (ni el propio Gobierno se cree la recuperación porque mantiene el ajuste en el gasto público); segundo, da por perdida la legislatura de Rajoy en materia de empleo, porque tras cuatro años habrá 400.000 ocupados menos y la población activa habrá caído un 43% más que el paro; y tercero, el peso del recorte al gasto público sigue recayendo en las comunidades responsables de gestionar la educación, la sanidad y las políticas sociales- en mayor medida que en la Administración central, y en ese reparto desigual, Andalucía se convierte en la más perjudicada en los Presupuestos para 2015.
En este último punto, la Junta sigue recriminando al Gobierno central que haya incumplido el Estatuto, destinando una inversión a Andalucía por debajo de su peso poblacional (0,4 décimas por debajo, 59 millones menos de lo que le correspondería). La partida para infraestructuras supera los 1.958 millones de euros, el 17,4% del total repartido entre regiones. Andalucía es la que más percibe, un 15,3% más que en el presente ejercicio (260 millones más), pero en el reparto de inversión por habitante, se sitúa en el décimo puesto, con otras nueve comunidades por delante. Las reclamaciones al Estado por incumplimiento del Estatuto y el déficit acumulado en inversiones dura ya siete años, el mismo periodo que el Gobierno tendría que haber estado abonando esas partidas acorde con la población andaluza, según establece la ley. Pero no se ha hecho nunca, ni en los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ni con los cuatro de Rajoy. En esos siete años, según cálculos de la Junta, la deuda del Estado con Andalucía entre 2008 y 2014 suma ya los 2.298 millones de euros. Rajoy ya no estaba obligado por ley a equiparar la inversión al peso poblacional andaluz en el Presupuesto de 2015, porque ese mandato expiró este año, pero la consejera ha insistido hoy en que el Estado debe compensar la deuda atrasada, y que en años posteriores debería mantener el espíritu de la disposición adicional tercera del Estatuto.
Montero ha pedido un aplazamiento en la devolución del dinero por la liquidación negativa de los presupuestos de 2013, que obliga a devolver 426 millones, un saldo negativo muy superior al resto de comunidades. La consejera reclama al Gobierno un aplazamiento en 20 años de la liquidación negativa, con un año de carencia, como se hizo para la liquidación 2008 y 2009, que sí afectaban a la totalidad de las comunidades autónomas.
