La Consejería de Empleo entregó ayer, pasadas la 13.00 horas, las actas de los Consejos de Gobierno solicitadas por la jueza Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados.
La Junta ha entregado la documentación en cuatro bolsas que han llegado custodiadas por cuatro agentes de la policía después de que la jueza Mercedes Alaya haya notificara ayer un auto en el que le reclamaba a la administración andaluza la entrega de las mismas tras la sentencia del Tribunal Supremo que le daba la razón a la jueza.
La entrega de las actas se produce un día después de que el propio Consejo de Gobierno de la Junta acordarse remitir dichas actas a la juez "levantando su carácter reservado de cara a la investigación" en cumplimiento de la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo (TS), que concluyó que las actas "son públicas y no tienen carácter reservado", por lo que no consideró "procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos".
Los documentos regresaron al despacho de Alaya 78 días después de que tuviera que devolverlas el 12 de julio, tras el auto de la Audiencia de Sevilla avalando la tesis de la Junta, revocado ahora por el Supremo. La jueza las tuvo desde el 8 de abril, cuando el Ejecutivo las mandó tras su ultimátum bajo amenaza de incurrir en desobediencia. La Junta planteó un conflicto de jurisdicción al defender que son secretas y que la jueza no podía levantar el secreto. La Audiencia le dio la razón y Alaya las devolvió. Ahora vuelven a sus manos. Ayer, el PP pidió sin éxito a la Mesa del Parlamento que también vayan a la Cámara.
La jueza quiere ver si el Consejo de Gobierno debatió y dio el visto bueno al procedimiento por el que las ayudas a los ERE eran gestionadas por el IFA (hoy Idea) y si conoció los tres informes de la Intervención en contra. La Junta se ofreció a darle solo las actas relacionadas con el tema pero Alaya pidió todas para evitar que pudieran “manipularse”.
El PP apunta a Ávila. Mientras la Junta circunscribe la responsabilidad del fraude al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero –principal imputado–, el PP vincula a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (también imputado). Ayer dio un paso más al apuntar al actual titular de Economía, Antonio Ávila, porque como consejero del IFA en 2003 asistió a reuniones en las que se aprobaron ayudas bajo sospecha, entre ellas a la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (Sevilla), localidad natal de Guerrero y varios intrusos.
Hoy Alaya toma declaración a los falsos prejubilados de Saldauto.
