Local

La Junta envía a Gallardón un duro informe contra la ley del aborto

El titular de Justicia se remite a un fallo del Constitucional que considera que "el feto no es persona ni titular del derecho a la vida"

el 29 mar 2014 / 20:48 h.

TAGS:

María José Sánchez Rubio y Emilio de LleraEl Gobierno andaluz remitió el viernes al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, un duro informe contra el anteproyecto de ley del aborto que anticipa los argumentos jurídicos para un posterior recurso de inconstitucionalidad, en caso de que la ley se apruebe con el texto actual. Se trata de un informe preceptivo que el Ministerio demanda de todas las comunidades mientras la tramitación del anteproyecto sigue su curso. La Junta ha volcado en él todas sus críticas contra una reforma que, dice, «supone una vulneración del derecho a decidir de la mujer, un peligro para su salud y sitúa a los sanitarios en una situación de inseguridad jurídica», explicó ayer la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, que compareció junto al de Justicia, Emilio de Llera. El informe, que aún no se ha hecho público, contiene las razones sanitarias, sociales y jurídicas que motivan la petición de retirada de la ley. De Llera asegura que la reforma del aborto contraviene el artículo 15 de la Constitución (derecho a la vida), y apoya su tesis en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 1985, que establece que «el embrión o feto no puede tener consideración de persona porque ni tiene vida autónoma ni vive desprendido del seno materno». «El Constitucional concluye que el feto no es persona y por tanto no es titular de ningún derecho, y tampoco del derecho a la vida», advirtió. El consejero de Justicia también hizo referencia al artículo 16.1 (se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto)– que se vería igualmente «vulnerado» por la nueva ley, en tanto que ésta «identifica pecado con delito y equipara la moral de unos cuantos con el derecho objetivo que ha de presidir a todos los ciudadanos». La Junta sostiene que de la Constitución no dimana ningún deber del legislador, como dice el preámbulo del anteproyecto de ley, que obligue a restringir los supuestos en que las mujeres pueden decidir interrumpir sus embarazos. «No es justificable constitucionalmente que la libertad a decidir de la mujer sea una excepción, si no que tiene que ser la regla general. Cualquier sistema que se comporte así permite una forma de violencia de género», sentenció. Desde la perspectiva sanitaria, Sánchez Rubio denunció que la futura ley pondrá en riesgo la integridad física de las mujeres, sobre todo de aquellas sin recursos económicos para viajar al extranjero, que podrían tener que buscar fórmulas clandestinas para abortar en España arriesgando sus vidas. Con la limitación de los supuestos legales para abortar que establece la reforma, el 93% de los que se realizan ahora en Andalucía (21.400) quedarían sin amparo legal. El informe subraya que los abortos inseguros pueden ocasionar complicaciones en el 13% de los casos, exponiendo a un riesgo mortal a más de 2.750 mujeres al año, que tendrían que abortar sin garantías sanitarias. La consejera está convencida de que esta situación no sólo no hará disminuir el número de abortos, «sino todo lo contrario». «La ley actual [de 2010] es más permisiva para abortar y, paradójicamente, ha permitido un descenso en el número de abortos», explicó Sánchez Rubio. El anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que fue aprobado en el Congreso el pasado mes de febrero, elimina el derecho de la mujer a abortar en las primeras 14 semanas –un derecho que sólo existe desde 2010, y que introdujo la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– y retorna a la legislación de 1985, al considerar la interrupción del embarazo un delito despenalizado sólo en algunos supuestos. Una mujer sólo podrá abortar si ha sido víctima de una violación (y presenta denuncia) o si se expone a un «grave peligro para la vida o la salud física o psíquica», algo que deben diagnosticar los médicos. «Esto genera inseguridad jurídica porque deriva la decisión de abortar de la mujer a los profesionales sanitarios», se quejó la consejera. En la ley de Gallardón, el supuesto de malformación fetal grave ya no será motivo legal para abortar, pero sí los efectos psicológicos que cause en la embarazada. Aparte de estos casos, abortar será delito perseguido para los médicos, pero no conllevará multas para las mujeres. El ministro dice que es la primera ley que equipara los derechos de la madre a los del «concebido».

  • 1