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El Gobierno andaluz estudia recurrir la ley del aborto por “limitar libertades”

Valderas anuncia que el gabinete jurídico analizará si hay base legal para un recurso de inconstitucionalidad. Díaz insta a Rajoy a retirar la norma y Cortés anima a la ciudadanía a manifestarse “de todas las formas posibles”

el 21 dic 2013 / 14:46 h.

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Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la nueva ley del aborto, el Gobierno andaluz anunció ayer que solicitará al gabinete jurídico que “estudie” si hay base legal “suficiente” para interponer un recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional por “limitar los derechos y libertades de la ciudadanía”. El vicepresidente Diego Valderas (IU) fue el primero de una oleada de reacciones en el arco político andaluz de la izquierda que alzó la voz contra la reforma de la ley del aborto. Valderas hizo hincapié en diferenciar el mensaje político del contexto jurídico: la Junta no está segura aún de si el texto legal contiene algún indicio de inconstitucionalidad, pero su predisposición política es evitar que se aplique porque supone una “limitación de libertades y recortes de derechos a la mujer que ya estaban conseguidos y que nos retrotrae prácticamente a la Transición”. “Con este PP sólo miramos hacia atrás, hay un largo túnel de la crisis y al mismo tiempo derechos y libertades retrocediendo de forma indecente e inaceptable”, recalcó Valderas. El vicepresidente se ha puesto en contacto con la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para trasladarle que la Junta va a estudiar “todos los elementos” de la reforma “muy a fondo”. Cualquier decisión sobre la posibilidad de un recurso se comunicará “en los próximos días”. gobierno-andaluz-abortoLa legislación que acaba de aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy deja de considerar la interrupción libre del embarazo como un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación. El aborto vuelve a ser tutelado por el Estado, como lo fue entre 1985 y 2010 (cuando el Gobierno de Zapatero aprobó la llamada ley de plazos) y la despenalización se restringe a dos supuestos: violación y grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la mujer. Desaparece el supuesto de malformación del feto. Otro cambio sustancial es que para acreditar riesgo de salud físico o psíquico, la mujer necesitará el informe de dos médicos ajenos a la clínica que practique el aborto (ahora bastaba uno) y que cada uno trabaje en un centro de salud distinto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, denunció en su cuenta de Twitter que “la reforma del aborto supone otro retroceso más, atenta contra los derechos de las mujeres y nos sitúa en la cola de Europa en libertades”. “Es fundamental que el Gobierno la retire”, añadió. Más dura fue la consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), que calificó la ley de “dogmática, patriarcal y violenta” e instó a la ciudadanía a rebelarse: “Quiero pedir a la ciudadanía que se manifieste de todas las maneras posibles para mostrar el rechazo a una ley que nos devuelve a más allá de 1985 y que hace que las mujeres parezcamos enemigas de esta sociedad”. También el Partido Comunista de Andalucía (PCA), que celebró ayer su comité central, arengó a los andaluces a movilizarse en la calle todos los primeros viernes de cada mes a las 19.00 horas “de forma unitaria y continuada para evidenciar el clamor contra esta ley”. Una excepción // La reacciones de miembros del PSOE e IU llovieron como cascada en las redes sociales. Los populares andaluces, en cambio, se inhibieron en un debate que ayer no dejaba de generar comentarios. Al ser preguntada en una rueda de prensa, la portavoz de Empleo y diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, dijo sentirse “plenamente identificada” con la ley, que forma parte del programa electoral de su partido. “Por primera vez se despenaliza a la mujer en caso de interrupción del embarazo. Se están defendiendo los intereses de las mujeres”, exclamó. A la vicepresidenta del Parlamento y diputada del PP-A, Esperanza Oña, también le preguntaron en Twitter por su opinión: “Soy contraria al aborto y no considero que sea un derecho de la madre desprenderse de su hijo que es una vida nueva”, escribió. La más explícita fue la secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo: “el aborto nunca puede ser un derecho, siempre tiene que ser una excepción. Ningún tratado internacional contempla el aborto como derecho”, apuntó.

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