El Gobierno andaluz tiene un documento en sus manos desde la tarde del lunes que marca las líneas básicas del nuevo marco legal hidrológico que prepara el Estado. El PSOE reunió en Ferraz a representantes de varias comunidades, entre ellos de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, con el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. El Gobierno expuso que lleva "un año" aproximadamente trabajando para reformar la ley de aguas y adaptar el papel del Estado a un nuevo escenario en el que, por ejemplo Andalucía, ostenta "competencias exclusivas" sobre el Guadalquivir.
La intención declarada por el Gobierno es crear un nuevo "Ente Gestor Global" dedicado a "coordinar" todas las demarcaciones hidrográficas. ¿Invadiría ese órgano competencias de la Junta en el Guadalquivir? La respuesta del Gobierno de José Antonio Griñán, según fuentes de Medio Ambiente, no pudo ser más tibia: "Estamos estudiándolo". La Junta eludió pronunciarse alegando que aún es pronto y que tan sólo disponen de un borrador. Un documento de trabajo "abierto" al que, informaron, están preparando sus alegaciones.
La nueva ley estatal se perfila en un momento delicado para el traspaso del Guadalquivir, que el Gobierno dejó en manos de Andalucía en enero de 2009 para dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía, que define "competencias exclusivas" de la Junta sobre el río. Ese traspaso fue recurrido por Extremadura al Tribunal Constitucional, que está a punto de emitir un fallo en el que no está del todo claro que vaya a ratificarse este trasvase. Una primera ponencia elaborada por uno de los magistrados del Constitucional, en concreto por Javier Delgado, se mostraba contraria a que la gestión de ríos que discurren por varias comunidades (como el Guadalquivir) quede en manos autonómicas.
Desde el Gobierno andaluz hay inquietud aunque confían en que ese primer texto, que supondría un fuerte revés para la Junta, esté lejos del fallo definitivo. Es más, el Ejecutivo de Griñán espera una sentencia interpretativa, al estilo de la emitida para el Estatut catalán en los puntos menos polémicos, que permita encajar el traspaso sólo limando algunos aspectos y salvar la macroestructura ya creada, con grandes dificultades, para integrar estas competencias (acomodo de funcionarios de la Confederación Hidrográfica, ley de aguas).
En este sentido, aseguran que la creación de un ente del Ministerio destinado a coordinar las competencias estatales podría "reforzar" el traspaso y llenar con antelación al fallo del Constitucional el vacío legal que hoy existe. Sin embargo también cabría pensar que el Gobierno central está reforzando sus competencias y adelantando posiciones ante un fallo contrario a Andalucía, que daría en ese caso la razón a muchos responsables del Ministerio que en su día mostraron su total rechazo a una transferencia que fue totalmente política y exhibida por el entonces Gobierno de Manuel Chaves -hoy vicepresidente del Ejecutivo de Zapatero y ministro de Política Territorial- como la gran victoria del Estatuto andaluz, tras el fiasco que se generó por la tardanza de un acuerdo para cobrar la deuda histórica.
No sería el primer roce con Medio Ambiente, después de que hace sólo un par de semanas el Ministerio publicara un deslinde sobre la costa de Doñana rechazado por la Junta por invadir un buen número de hectáreas del Parque Nacional. A falta de conocer la letra de la ley, queda en el aire si el nuevo marco estatal pisotea competencias andaluzas. Sobre el papel el documento del PSOE, consultado por este periódico, defiende la "unidad de gestión indivisible" de las demarcaciones hidrográficas y subraya la "competencia exclusiva" del Estado en la planificación hidrológica. El Estatuto define las "competencias exclusivas sobre el Guadalquivir", si bien con todas las reservas que surgieron y que llevaron a que al paso por el Congreso se le añadieran cautelas ("sin perjuicio de...") reservando el papel del Estado. Por ahora la actitud del equipo de Griñán es no alimentar más frentes con el Gobierno amigo. Al menos, hasta que no haya norma estatal firme y fallo del Constitucional.
