Lo que hace dos días era "inamovible", ayer se movió. Tal es la presión que están ejerciendo los sindicatos de funcionarios, y a la sazón el propio socio de Gobierno (IU), que la Junta ya baraja aminorar levemente la cifra de 777 millones del recorte salarial que contempla el plan de reequilibrio financiero.
La reducción de las nóminas representa un 20% del ajuste que Andalucía hará al presupuesto de 2012 (2.700 millones menos) para cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 1,5% del PIB este año. También es la partida que desata la furia de los empleados públicos. Mientras la Junta habla de continuar con la negociación, los sindicatos se preparan para una guerra de protestas.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, compareció en el Parlamento para explicar el plan de ajuste y reiteró su compromiso de diálogo: "No es fácil. Pero por difícil que sea lo vamos a intentar", dijo. La tensión es máxima. Al término del pleno y durante una hora, las protestas de los empleados públicos obligaron a cerrar las puertas, dejando encerrados a diputados, trabajadores y periodistas. Los antidisturbios habilitaron finalmente un pasillo de seguridad.
En su discurso, Aguayo no valoró el paquete de alternativas que había presentado IU. La coalición anunció que su idea es rebajar el hasta ahora "inalterable" recorte salarial de 777 millones, no en más de cien millones, como habían propuesto, pero sí en unos 30 o 40 millones. Estos saldrán del recorte en el capítulo uno (de personal) y se cargarán al capítulo dos (bienes corrientes y servicios) y al cuatro (transferencias corrientes). El objetivo es que recaiga en mayor grado en las empresas públicas.
No será el único cambio que se introduzca en el plan de ajuste, según advirtió por la mañana el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro. En todo caso, a los sindicatos de la Función Pública CSIF, CCOO y UGT estas propuestas les siguen pareciendo "retoques mínimos de maquillaje". Tras el fracaso de la negociación en la última reunión con la Consejería de Hacienda, todos los sindicatos de la administración, con o sin representación, se han unido y cerrado como un puño para golpear al Gobierno el próximo 20 de junio en una manifestación en las calles. La convocatoria de esta protesta, que aglutinará a médicos, profesores, enfermeros, personal de Justicia y de la administración, se anunció después de que Aguayo convocara personalmente a los sindicatos a una reunión, mañana, para intentar acercar posturas.
Castro admitió "cierta frustración" por la ruptura del diálogo con los sindicatos y advirtió de que los miembros de su formación en el Gobierno presionarán para que se atiendan las reclamaciones sindicales. Dio por hecho que la Junta aprobará el próximo día 19 su plan de ajustes y se mostró convencido de que incorporará "importantes cambios que todavía no se conocen".
IU, que está en una incómoda situación política dando su apoyo a este plan de ajustes, exige el máximo esfuerzo para que la crispación con los trabajadores se calme. "IU no es responsable de este plan de recortes. Es una pistola en la sien del Gobierno andaluz. Tenemos la tentación de declararnos insumisos, podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad, seguimos, porque irnos significa dejar que llegue la derecha y eso traería despidos masivos", apuntó ayer el diputado de IU, Ignacio García. Sobre la petición del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha reclamado que no vote en el Parlamento a favor de los recortes, Castro llamó a la responsabilidad y frenó cualquier pronunciamiento hasta que se conozca el plan.
IU presentó en el Parlamento sus líneas de actuación para amortiguar el efecto de los recortes en las nóminas. Piden que los interinos sufran una rebaja de salario un 5% menor de la prevista -ahora mismo la Junta propone una reducción del 15%-, que haya una cláusula de reversibilidad que ponga límite temporal a los ajustes y que los mileuristas queden exentos de las rebajas.
