El Gobierno andaluz comenzó oficialmente la revisión de los expedientes de las ayudas concedidas a UGT el pasado octubre tras el reguero de informaciones que apuntaban al supuesto desvío de fondos públicos destinados a la formación a gastos diversos del sindicato(comidas, regalos, obras...) y después de que la Fiscalía abriera diligencias. En estos meses, se han cruzado dos investigaciones. Una la que mantiene abierta la Consejería de Economía, que ha reclamado ya en firme la devolución de 1,8 millones de euros de dos expedientes en los que UGT no ha podido justificar el destino de los fondos para políticas activas de empleo. Están en revisión otros 19 expedientes que suman 15,2 millones de euros. Una segunda reclamación firme de 1,8 millones está en puertas. Además, después de que la Fiscalía abriera otra investigación sobre el sindicato por el destino de los fondos destinados a cursos de formación, la Consejería de Educación revisa otras 41 ayudas de UGT, aunque no ofrecen datos de cuánto suman estas subvenciones. Estos expedientes fueron reclamados y requisados por el juzgado número 6, de Mercedes Alaya, que instruye la causa de los ERE.
A petición del juzgado, Economía y Educación pusieron en manos de la justicia los expedientes revisados. Sin embargo, de momento, la Junta no ha denunciado a UGT en los tribunales ni se ha personado en la causa abierta. ¿Por qué? La respuesta que ofrece el Gobierno andaluz es clara: los servicios jurídicos no han detectado, de momento, indicios penales sino irregularidades administrativas. Resulta llamativo que el juez que instruye el caso haya ordenado una operación policial con 14 detenidos, mientras que la Junta, que tiene en sus manos los expedientes, no haya visto ninguna responsabilidad penal. El Gobierno andaluz insiste en su versión y recalca que está colaborando con la justicia y que ya le remitió todos los expedientes investigados. Quienes instruyen estos expedientes, aclaran, son funcionarios que vigilan el cumplimiento de la ley de subvenciones pero no posibles delitos penales. Si no hubiera caso abierto en los tribunales, admiten, el escenario sería distinto. Le ocurrió exactamente igual con el macrocaso de los ERE, la Junta tardó en admitir la escala del fraude y en personarse.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que «el Gobierno siempre respeta las actuaciones judiciales» y no quiso hacer más comentarios. «Desde el primer minuto el Gobierno ha cumplido escrupulosamente con lo que marca la ley», subrayó. «Esperemos a que evolucionen los acontecimientos y será una decisión que se adopte de acuerdo con la indicación de los servicios jurídicos de la Junta», añadió. El estallido del escándalo de UGT, que llevó a su dirección a dimitir hace medio año, coincidió con la llegada de Susana Díaz a la presidencia. UGT siempre ha sido el sindicato hermano del PSOE pero las relaciones se resquebrajaron y ya venían deterioradas por el supuesto papel también de exsindicalistas en los ERE. Díaz ha afirmado reiteradas veces que no le temblaría el pulso en acudir a los tribunales. Hasta ahora, no lo ha hecho. Fuentes del Gobierno insisten en que no descartan personarse.
