"No vamos a polemizar con el juzgado porque el Gobierno está tranquilo". Fue la respuesta que ofreció ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, después de que trascendiera el auto de la jueza que instruye el caso del presunto fraude en las ayudas de Empleo y en el que la magistrada pone en duda la colaboración de la Junta, además de pedir un sinfín de documentación en 48 horas.
La consejera de la Presidencia anunció que el Gobierno ha creado un dispositivo especial dentro de su consejería que estará dedicado exclusivamente a cumplir con todos los requerimientos judiciales.Se dedicará, explicó, a "coordinar toda la documentación", ya que la jueza Mercedes Alaya ha reclamado papeles de "hace varios años". "La Junta no está preocupada por las actuaciones del juzgado", añadió.
En concreto, la magistrada, en dos autos de diligencias previas firmados el 11 y el 21 de marzo, reclama a la Junta actas de las reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001, de los consejos de dirección de todas las consejerías implicadas y sus organigramas. Asimismo exige, en un plazo de 48 horas, que la Intervención General -el órgano superior de control financiero de la Junta- explique por qué no emitió ningún informe de actuación ni encendió las alertas tras constatar, en tres informes consecutivos en 2005, 2006 y 2007, que el procedimiento empleado para otorgar estas ayudas no se ajustaba a la ley.
Moreno eludió pronunciarse sobre la afirmación de la jueza de que "se puede entender cierta falta de colaboración" por parte de la Junta con la justicia. El Gobierno andaluz tampoco quiso valorar si la jueza que instruye el caso ha podido abrir una causa general contra la Junta al reclamar información de sus reuniones en los últimos diez años. "A día de hoy nada más que podemos pensar que la jueza esté persiguiendo un presunto fraude", subrayó Moreno, convencida de que simplemente querrá contrastar cualquier debate o información que haya llegado al Consejo de Gobierno sobre los ERE. "Pero no puedo prejuzgar el interés de la jueza", recalcó. Moreno insistió en que los servicios jurídicos del Gobierno alegarán para demostrar que la Intervención actuó "correctamente".
El consejero de Empleo, Manuel Recio, informó de que ayer mismo se envió toda la información al juzgado. En concreto "68 expedientes de regulación de empleo analizados por el Gobierno andaluz y 55.631 folios". Además defendió su derecho a difundir en Facebook los resultados de la investigación y de hecho volvió a informar a través de la red social de que había sido remitida la documentación. "En Facebook quien está es la ciudadanía", defendió frente a las críticas. La investigación del Gobierno apunta a 72 intrusos y 111 "discordancias" en un total de 42 de 68 empresas investigadas. La jueza duda de esos datos y apunta a que son más. Recio se mostró confiado en que le cuadrarán los números "si mira toda la documentación".Entre los falsos prejubilados detectados hay más de una decena de socialistas.
Por otro lado, el exdirector general de Empleo, Juan Márquez, que supuestamente también firmó ERE fraudulentos, confirmó que no será candidato socialista en la localidad onubense de Lucena del Puerto. El PSOE dijo desconocer si Márquez ha sido imputado.
