La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha exigido a las entidades bancarias con sede en la comunidad que entreguen a los registros municipales de demandantes aquellas viviendas protegidas de las que obtienen la titularidad tras los correspondientes procedimientos de ejecución hipotecaria con el fin de "garantizar la función social que deben tener los inmuebles de protección pública".
Según precisó ayer en una nota la Consejería que dirige Elena Cortés, esta reclamación oficial, que en una primera fase se ha realizado mediante correo ordinario, se ampara en el Decreto 1/2012 por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes de Vivienda Protegida , que estipula en su artículo 9.1 que los inmuebles protegidos que han sido adjudicados a la entidad bancaria por impago de la hipoteca deben ser ofrecidos a dichos registros en el plazo de tres meses. El objetivo es que esa vivienda protegida que ha sido embargada por la entidad financiera vuelva al registro de demandantes, de modo que se le pueda asignar a un nuevo adjudicatario, a menos que el banco opte por cualquier otra forma de cesión al anterior titular.
Además, la Consejería de Fomento y Vivienda trabaja en una modificación de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía para introducir una sanción a las entidades financieras en caso de infracción del Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes, "sin perjuicio de las posibles sanciones ya contempladas en la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo".
La consejera de Fomento y Vivienda explicó que en las misivas enviadas a las entidades financieras también se les ha instado a que, en primer lugar, hagan "todo lo posible por evitar los desahucios de esas viviendas protegidas, con soluciones que también pasarían por que estos inmuebles embargados se entreguen al anterior titular mediante un alquiler social".
Igualmente, este departamento del Gobierno andaluz ha emplazado a las entidades financieras a una reunión a finales de verano para "poner en su conocimiento las medidas que está adoptando la Consejería para paliar esta dramática situación y solicitar su colaboración", según apuntó Cortés, para quien los desahucios constituyen "un gravísimo problema que las administraciones no pueden abordar desde la neutralidad".
La consejera abogó por "intervenir para salvaguardar el derecho a la vivienda consagrado por el Estatuto de Autonomía andaluz". "La política de vivienda debe tener una clara vocación social y ponerse del lado de las víctimas de la crisis", remarcó la consejera, que recordó que sólo en Andalucía el número de desahucios ha superado los 68.000 entre 2007 y 2011, una "oleada" que atribuye a "las consecuencias más sangrantes de la pérdida masiva de empleo derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera".
La Junta aún no ha recibido respuesta a la carta remitida el pasado 11 de julio al ministro de Economía solicitándole información sobre la marcha del Real Decreto Ley de Medidas de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos y pidiéndole "compromiso político" frente a los desahucios.
