Lejos de rectificar ni disculparse, como le pidió el Gobierno canario, la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, se reafirmó ayer en su denuncia de "unos hechos" de los que afirma haber enviado pruebas documentales a la Secretaría de Estado de Migraciones y de los que dijo "no acusar a nadie" pero que exigió investigar. Desde hace "ocho meses, y con más intensidad hace dos", hasta 41 menores extranjeros no acompañados han llegado a Andalucía tras pasar por centros canarios, con billetes de avión -en cuatro casos directamente a aeropuertos andaluces y en el resto vía Madrid o Valencia, donde cogieron un autobús o tren, lo que implica que pasaron controles-. Todos fueron voluntariamente a la Policía pidiendo ingresar en centros concretos de menores de Andalucía.
La denuncia, hecha pública hace unos días, fue expuesta hace un mes por la Junta en la comisión interautonómica de infancia porque "el tema no es nuevo", con lo que Navarro contradijo las declaraciones del Gobierno canario sobre su desconocimiento de la queja. También negó que, tras salir en los medios, se hayan puesto en contacto con ellos aunque la Consejería de Igualdad lo ha intentado. E insistió en reclamar que se investigue una situación que "de seguir así se puede convertir en insostenible económica y socialmente".
Y es que, actualmente, los centros andaluces acogen además a unos 800 menores extranjeros que sí llegaron directamente a la comunidad, casi todos marroquíes. La atención de cada uno cuesta 2.460 euros al mes. "Es imposible que Andalucía pueda seguir asumiendo todos los que llegan a Andalucía y además otros derivados por otras vías", aclaró.
Cuando un menor inmigrante no acompañado entra de manera irregular en Andalucía es registrado y dado que muchos tienen entre 16 y los 18 años -en caso de ser mayores de edad están sujetos a la Ley de Extranjería y por tanto pueden ser repatriados-, se les practican pruebas oseométricas para determinar su edad exacta. Si son menores, pasan a estar tutelados por la Junta y sólo son retornados si se localiza a su familia en su país y se demuestra que pueden hacerse cargo de él, lo que requiere la colaboración de los países de origen, colaboración, por cierto, que la Junta viene denunciando desde hace años que en el caso de Marruecos brilla por su ausencia.
Bajo la tutela de la Junta son ingresados en centros de protección de tal forma que si se escapan y son localizados en cualquier otro territorio, cosa que Navarro reconoció que es frecuente -"y al revés también" pero son "casos asilados, no sistemáticamente"- la comunidad correspondiente puede constatar que están tutelado en Andalucía y técnicos de la Consejería se desplazan para devolverlo al centro andaluz correspondiente. ¿Por qué no exige lo mismo Andalucía a Canarias? Porque, según la consejera, a muchos no se les hizo la pertinente "reseña". Sin embargo, además de su testimonio, la Junta sí tiene pruebas documentales de su paso por centros canarios. De ahí que exija esclarecer las causas y responsables de un supuesto desvío organizado.
Tanto el Gobierno isleño como Cruz Roja, una de las ONG que gestionan los centros canarios, niegan su implicación y la Secretaría de Estado, que sólo puede mediar porque la competencia es autonómica, afirma estar ya al tanto y en colaboración con ambas comunidades. La Junta también trasladará el asunto al Defensor del Pueblo.
