El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aseguró ayer que su Gobierno vigilará estrechamente a los ayuntamientos que no ejecuten correctamente los fondos que reciben de la administración autonómica para la dependencia y avisó de que no solamente habrá que "retener" el dinero en el caso de que no se cumpla la ley, sino que exigirá el "reintegro" de esas partidas si los consistorios no cumplen con sus pagos.
Desde Lisboa, Griñán lanzó esta seria advertencia a los ayuntamientos morosos, después de que el Gobierno andaluz haya constatado que hay alcaldes que están reteniendo el pago a los trabajadores de los servicios de ayuda a domicilio. Por la mañana, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, reiteró -como ya avanzó el miércoles este periódico- que la Junta estudia "medidas jurídicas" para garantizar que los consistorios pagan a los trabajadores, fórmulas que decidirá antes de junio, cuando la Junta debe adelantar a los municipios el fondo para prestar el servicio en el segundo semestre del año. Para el primer semestre, la Junta puso a disposición de las corporaciones locales 148,5 millones de euros.
El presidente de la Junta reiteró que Andalucía considera "injustos" los criterios que aplica el Gobierno central para repartir el dinero de la dependencia entre las comunidades y advirtió de que la Junta seguirá peleando para que en el fondo que se transfiere según el número de dependientes prime no el número de personas valoradas ni reconocidas como beneficiarias de una prestación sino las realmente atendidas que ya reciben la ayuda. "Es injusto que si aplicas la ley y haces los deberes, te aflijan con una carga mayor que quien no los hace", defendió. Andalucía es la comunidad con mayor número de beneficiarios reconocidos, 212.379, de los que ya reciben prestación 155.838 mientras que otras comunidades están ralentizando el pago de las ayudas o la asignación del servicio en tiempos de crisis.
Griñán aseguró que si se cambian los criterios de reparto, Andalucía apoyará que en 2011, como prevé la ley, se reconozca el derecho a los dependientes moderados. Ya hay comunidades como Galicia que han apostado públicamente por que se frene el calendario previsto y no se atienda aún este grado, ante la falta de ingresos por la crisis.
La Junta será "exigente" y discutirá con el Ministerio de Políticas Sociales en el ámbito de la Conferencia Sectorial pero también dentro del pacto de estabilidad que debe cerrarse con Economía. Las comunidades están obligadas a reducir su déficit y para ello deben presentar un serio plan de ajustes el próximo junio. La balanza de ingresos y gastos de cada Presupuesto autonómico está directamente relacionada con la dependencia, explicó Griñán, que consume las mayores cantidades dentro de las partidas sociales.
