L.B.
En plena polémica por el asesinato de un joven en una discoteca de Madrid, y siguiendo los pasos de esta comunidad y de Valencia, Andalucía regulará la profesión de portero de discoteca. La Junta baraja exigir una formación específica, un certificado de penales y someterles a test psicotécnicos y de drogas.
La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, explicó ayer que su departamento prepara una reforma del decreto que regula el derecho de admisión a bares y discotecas, que tiene previsto presentar en las próximas semanas, y en el que estudiando incluir el requisito de que los porteros de estos establecimientos tengan una "capacitación profesional" para evitar "sucesos irreversibles" como los que costaron la vida el pasado noviembre al joven madrileño Álvaro Ussía.
La regulación de esta actividad profesional es una demanda permanente tanto de los empresarios del sector de locales nocturnos como de la propia Asociación Nacional de Porteros Profesionales (ANNP), harta del intrusismo profesional y del vacío legal en el que se mueven sobre sus funciones.
En Andalucía, el ocio nocturno no ha estado exento de polémica. El pasado mes, la Junta ordenó el cierre cautelar de la discoteca Embrujo Copas en Las Gabias (Granada) después de que la Guardia Civil incautara numerosas armas prohibidas a sus porteros, y el día de Navidad el portero de un local de Málaga fue arrestado tras la presunta agresión a un cliente con una botella.
Por todo ello, Aguilera afirmó ayer que "es bueno anticiparse y tomar medidas preventivas que ya se adoptan en otras comunidades autónomas y países", y aunque destacó que la Ley de Espectáculos públicos y actividades recreativas es "bastante completa, sí que debería realizarse una reforma del decreto del derecho de admisión".
La consejera de Gobernación señaló que su departamento realizó durante dos fines de semana de noviembre inspecciones en discotecas con aforo de entre 300 y 700 personas -el actual decreto del derecho de admisión obliga a tener servicio de vigilancia a los locales de más de 300 personas- con el objetivo de observar cuál es la realidad de estos recintos en las distintas provincias andaluzas. A juicio de Aguilera, estos profesionales deberán demostrar una "mayor sociología, al tener que tratar con mucha gente".
Para ello, la Junta baraja exigirles una formación específica a través de cursos que podrían impartirse en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, someterles a test de drogas y psicotécnicos y reclamarles un certificado que acredite que carecen de antecedentes penales, requisitos similares a los de las cuatro comunidades que hasta ahora han regulado esta actividad: Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid.
La Federación Andaluza de Salas de Fiesta, Bailes y Discotecas ve con buenos ojos esta reforma legal, si bien pidió que sea consensuada con el sector, según explicó a Europa Press su portavoz, Manuel Ruiz. El colectivo mantuvo una reunión en Madrid con la Asociación Nacional de Porteros antes de Navidad para suscribir un convenio marco nacional que incluiría la realización de cursos para estos profesionales, por lo que valoran la propuesta de la Junta en el mismo sentido.
Ruiz recordó que los empresarios del ocio nocturno son "los primeros interesados en que las cosas funcionen bien, queremos que nuestras empresas no tengan problemas y funcionen, por lo que nos interesa tener buenos profesionales". En ese sentido, demandó que las reformas "no se hagan de la noche a la mañana, sino con cierto tiempo, al igual que la Ley de Espectáculos Públicos se hizo consensuada".
Abogó por cambiar el concepto de portero y que quien esté en la puerta sea alguien "más vinculado a las relaciones públicas, por lo que pueden ser mujeres y hombres, a modo de recibidores de clientes, siempre teniendo claro que quien no esté en condiciones no va a entrar".
