Trabajadores de una obra en el municipio sevillano de Salteras. / José Manuel Cabello
La Junta promoverá el empleo de las personas con discapacidad no solo en la administración, con la reserva de un 5 por ciento del volumen de la contratación pública a centros especiales de empleo además del cupo del 7 por ciento de plazas en las ofertas de empleo público, sino también en las empresas privadas que quieran contratar con el Gobierno andaluz. Así, el anteproyecto de la nueva ley de derechos y atención a las personas con discapacidad contempla que las adjudicatarias de concursos públicos deberán acreditar que cumplen con la obligación de contar con un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Se trata de una obligación que un Real Decreto estatal de noviembre de 2013 marca para las empresas privadas de más de 50 trabajadores si bien como ocurre con muchas normas la dificultad está en controlar e inspeccionar que lo establecido en el papel se cumpla. La Junta exigirá que aquellas empresas que resulten licitadores en sus concursos públicos demuestren que sí lo hacen.
El Real Decreto permite sustituir este cupo del 2 por ciento de empleados discapacitados por medidas alternativas que la Junta también aceptará en sus concursos públicos, medidas que pasan por la adquisición de bienes o la subcontratación de servicios ajenos a la actividad normal de la empresa a centros especiales de empleo o trabajadores autónomos con discapacidad y, en último extremo, realizar donaciones o patrocinios a entidades o proyectos de inserción laboral para este colectivo. En el caso de las empresas menores de 50 trabajadores para las que no rige esta obligación legal de la normativa estatal, el anteproyecto de la Junta también prevé que el hecho de contar con trabajadores discapacitados en su plantilla dé puntos a la hora de ganar un concurso público. Así, en caso de varias ofertas que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria en igualdad de condiciones, será elegida aquella que emplee a discapacitados y en el caso de que existan varias en igualdad de condiciones que lo hagan, ganará la que cuente con más trabajadores con discapacidad fijos en su plantilla. Hasta ahora, dependía de los pliegos de condiciones de cada concurso público primar o no este aspecto con la inclusión de cláusulas sociales. Con la nueva ley quedará fijado para todas las convocatorias.
En cuanto al empleo público, la normativa mantiene la reserva de un 7 por ciento de las plazas ofertadas para discapacitados (de las que un dos por ciento se destinarán a discapacitados intelectuales) y la Junta se marca como objetivo alcanzar el 2 por ciento de su plantilla global (incluyendo los entes instrumentales) formada por trabajadores con discapacidad, aunque el anteproyecto de ley no fija plazo para lograr esa cifra.
La norma sí incorpora como novedad la reserva de un 5 por ciento de la contratación pública con centros especiales de empleo, empresas con un 75 por ciento de plantilla discapacitada; la reserva del 3 por ciento de las plazas de los cursos de formación y del 5 por ciento en el conjunto del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
