La Junta ha optado por explotar la fórmula del decreto ley -que le permite agilizar la tramitación de medidas de carácter urgente- para aprobar recetas económicas que frenen los efectos de la crisis. Esta prerrogativa, que el Gobierno andaluz estrenó con el Estatuto y que antes estaba reservada únicamente al Estado, ha sido utilizada desde 2008 en nueve ocasiones, seis de ellas en los últimos diez meses. Desde septiembre, ha supuesto casi el 50% de la producción legislativa de la Junta , ya que, junto a los seis decreto-ley aprobados, el Parlamento ha puesto en la calle otras siete normas por el procedimiento común, que es más largo.
Cuando arrancó, la oposición alertó de que la Junta iba a gobernar a golpe de "decretazo", pero el entonces vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Gaspar Zarrías, garantizó que el decreto-ley sería un procedimiento extraordinario del que la Junta no iba a abusar. Las cifras demuestran lo contrario. El contexto económico dio un vuelco de 180 grados y la dureza de la crisis ha obligado a aprobar rápidamente medidas para paliar la sangría de desempleo. Con este procedimiento se ha puesto en marcha, por ejemplo, una nueva edición del programa de empleo Proteja, la bajada salarial en el sector público, o la reforma de la Ley de Cajas para allanar el camino a la frustrada fusión entre Unicaja y Cajasur. El último inaugura nuevos tributos y subida de impuestos, y será convalidado por la Cámara en el pleno extraordinario que se celebrará previsiblemente a final de mes.
normas sin coste. En los dos últimos periodos de sesiones -de septiembre a junio- El Parlamento andaluz ha dado luz verde a nueve leyes, dos de ellas aprobadas previamente de urgencia a través de la fórmula del decreto ley: las medidas tributarias de reactivación económica y los cambios en el mercado interior. Destacan las normas que desarrollan el Estatuto andaluz, aunque algunas de ellas estaban prometidas para mucho antes. La oposición se queja que la comisión encargada de vigilar el desarrollo estatutario, que se creó con retraso, no está funcionando.
De tinte social, se ha dado luz verde a leyes que no implican desembolso de dinero público: la que garantiza el acceso a una vivienda asequible a todos los que ganen menos de 3.000 euros mensuales y la que regula el derecho a hacer un testamento vital y a una muerte digna. La crisis ha hecho mella en el desarrollo de los derechos sociales y la Junta ha aplazado sin fecha la ley de renta básica porque no hay dinero para afrontar el pago de una ayuda mínima a los más necesitados. También han visto la luz dos normas que sientan las bases del proyecto Andalucía Sostenible (Ley de la Dehesa y Aguas) y las que definirán el futuro de los ayuntamientos: la Ley de Autonomía Local y la que dará participación a las corporaciones locales en los tributos de la Junta. Esta última sí incluye un fondo local que ascenderá a 600 millones en 2014. El PSOE no ha logrado amarrar el apoyo unánime de PP e IU en las leyes del Estatuto, a pesar de que los tres pactaron la reforma.
Como cada año, el Parlamento aprobó la Ley de Presupuestos pero por primera vez las cuentas andaluzas descendieron respecto al año anterior (26 millones menos) y la Junta agotó el margen de endeudamiento (2,75% del PIB) para amortiguar el desplome de ingresos tributarios. Fuentes del Gobierno andaluz valoran que la Junta "haya tomado la iniciativa legislativa" en este curso político y que haya buscado el consenso con partidos y agentes socioeconómicos.
