En 2003, la Consejería de Presidencia firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un órgano de la Consejería de Empleo, para que, a través de una transferencia de financiación, éste se hiciera cargo de algunos gastos en las sedes del Gobierno andaluz en Bruselas y Madrid. Entre 2004 y 2006, a través de ese procedimiento, el IFA destinó 1,3 millones de euros a la delegación de Bruselas y 605.880 euros a la de Madrid, según denunciaron ayer los populares. El PP-A hizo públicas las actas de esos convenios y planteó tres preguntas incriminatorias dirigidas al Gobierno andaluz: ¿por qué un órgano cuyo objeto social es la promoción del empleo se dedica a financiar instituciones que le son ajenas, como las delegaciones de la Junta en el exterior? Y, ¿por qué los presupuestos autonómicos asignaban el gasto de ambas sedes a Presidencia cuando en realidad el dinero salió del IFA?
La tercera pregunta es la más acusatoria: ¿cuál fue el destino final de esos fondos? El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció ayer que la Junta utilizó "el mismo procedimiento ilegal de los ERE y del fondo de reptiles" -a través de la agencia IDEA, antiguo IFA- para "escapar al control presupuestario". "¿En qué se gastaba ese dinero realmente: en comidas, en gastos injustificados, se pagaba a personal a través del IFA?", se preguntó Sanz de forma retórica.
Desde principios de enero, los populares vienen denunciando que el Ejecutivo andaluz usó en otras consejerías el mismo procedimiento del caso ERE -que investiga el fraude en las ayudas al empleo-. El procedimiento en cuestión es la transferencia de financiación, una fórmula prevista en la Ley de Hacienda que es legal, pero de la que supuestamente se sirvió el principal acusado del caso ERE (Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo) para conceder ayudas sin control del llamado "fondo de reptiles" (647 millones de euros). El Gobierno respondió ayer que el procedimiento es "absolutamente legal". "El PP quiere poner en tela de juicio todo lo que haya pasado por el IFA, pero no hay ninguna irregularidad. El procedimiento es legal. Lo que ocurre en el caso ERE es que alguien ha malversado fondos públicos, aunque se haya servido de procedimientos legales", explican fuentes del Gobierno. El único punto que la Junta no es capaz de aclarar es si, en efecto, en los presupuestos se asigna esta partida de dos millones a Presidencia, o si en realidad salieron de un departamento de Empleo, como apunta el PP. Sanz mostró el acta de una sesión del Consejo Rector del IFA, presidido por Antonio Fernández y celebrado el 24 de noviembre de 2003, pero en ella no se especifican ni las partidas ni la referencia en el presupuesto.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, también la consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió la actuación de la Junta en este asunto y afirmó que ésta no es la legislatura del fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), sino la legislatura "contra el fraude de los ERE", en la que "el Gobierno andaluz está trabajando desde el minuto uno para destapar e investigar y para que los culpables paguen y se les caiga el pelo si es posible". Moreno defendió el "buen nombre" de José Antonio Griñán y del conjunto de altos cargos "honestos" que están gestionando diligentemente los fondos públicos, y recordó que la Junta está actuando y yendo de cara contra quienes se hayan aprovechado de recursos públicos.
