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La Junta formaliza el recurso al auto que apunta a Griñán

Aclara a la jueza que es "imposible" lo que le pide porque el titular de Economía no firmaba ayudas

el 18 nov 2011 / 19:40 h.

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La jueza del caso de los ERE, Mercedes Alaya, al salir de los juzgados hace un mes.

La Junta ya ha presentado el recurso contra el último auto de la jueza Mercedes Alaya, que investiga una supuesta trama de ayudas irregulares pagadas con fondos públicos, en el que apuntaba directamente hacia el presidente andaluz, José Antonio Griñán. En el auto, difundido en plena campaña electoral pese a que recoge diligencias pedidas por el PP hace cinco meses, la magistrada se dirige a la Junta para preguntar por el papel de Griñán, entonces consejero de Economía, al autorizar una operación de endeudamiento de la Agencia IDEA y una serie de subvenciones. El recurso de la Junta aclara que esa diligencia es "imposible" porque la ley no exige la firma del consejero para otorgar las ayudas.


Es la segunda vez que el Gobierno andaluz planta cara a la jueza para rebatir sus autos. La primera vez fue a causa de las actas del Consejo de Gobierno que la magistrada solicitó de forma indiscriminada y por toda una década. El Supremo autorizó a Alaya que accediera al contenido pero le reprochó que jugara con los tiempos y que mantuviera paralizado el recurso al Supremo por unos meses, coincidiendo con las municipales.


La Junta ya ha manifestado su "malestar" con Alaya, a la que avisa del "daño" que hace al PSOE con su instrucción. En esta ocasión, pleitea porque considera que la magistrada ha cometido un "error de bulto". El recurso argumenta que lo que solicita la magistrada es "imposible" porque, "sencillamente, la norma que regula el régimen de aprobación de las inversiones en el seno de IDEA en ningún caso exige la autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda", como afirma la jueza. Es el Consejo Rector de IDEA el que tiene la potestad de dar el visto bueno a las subvenciones cuya cuantía no supere los 1,2 millones -como es el caso de las ayudas investigadas a 21 empresas-. Si es una cantidad mayor deberá aprobarla el Consejo de Gobierno. Lo que sí exige la firma del consejero de Economía son las operaciones de endeudamiento de las empresas públicas.


Tras poner de manifiesto que "hubiera bastado la mera lectura del Decreto 26/2007 y de la Ley General de Hacienda Pública para comprobar que no cabe una diligencia sobre un hecho que, referido a un trámite administrativo, no prevén dichas normas", el letrado de la Junta analiza la diferencia entre endeudamiento y pago o gasto, todo ello "a pesar de que la diferencia de conceptos es evidente". "La palabra endeudamiento sugiere la idea de tomar dinero de fuera y las palabras pago o gasto sugieren, por el contrario, la idea de emplear el dinero que ya se tiene", precisa. Por ello, entiende que la jueza ha podido incurrir en un "error", ya que inicialmente "habla de los límites cuantitativos que determinan la competencia para la realización del pago", y en la parte dispositiva se produce "una sustancial variación" y "se pide la autorización que existiese en caso de operaciones de endeudamiento". Además, los abogados de la Junta afean a Mercedes Alaya que en el auto haya "aceptado" o dado por bueno el "relato" de una de las partes, es decir, del PP.


fianzas. Aunque el recurso de la Junta fue difundido ayer, se interpuso el jueves, el mismo día en que las acusaciones personadas en la causa de los ERE solicitaran fianzas para los 14 intrusos que ya han declarado como imputados. Las cantidades varían en función de lo que cada uno cobró. La Fiscalía cifra el total en 2,8 millones mientras que la Junta y el resto de acusaciones elevaba a 3,3 millones.

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