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La Junta frena 12 expropiaciones de edificios del plan de rehabilitación del Centro

Obras Públicas renuncia a los inmuebles, casi abandonados, pese al acuerdo con Urbanismo para hacer en ellos VPO

el 31 oct 2010 / 18:48 h.

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En mayo de 2007, en pleno impulso del programa de rehabilitación concertada del casco norte del centro histórico, la Consejería de Obras Públicas anunció la expropiación de tres edificios. Era el primer paso de un ambicioso plan que incluía adquirir inmuebles casi abandonados por sus propietarios, que han incumplido el deber de conservación y que tienen en su interior en muchos casos a inquilinos sin las debidas condiciones de seguridad, y construir en ellos VPO, dejando viviendas habilitadas para sus anteriores ocupantes. Dos de estos bloques, Jesús del Gran Poder, 8; y Correduría, 26 se encuentran de un listado de doce edificios remitido en marzo de este año al Consistorio. La Junta renuncia a su expropiación, frena los expedientes y se los devuelve a Urbanismo, que ahora no sabe cómo continuar los procesos.


En la carta de desestimiento, a la que tuvo acceso este periódico, la Junta renuncia a su condición de beneficiaria de los procesos de expropiación, una de las piezas clave del programa que en 2007 anunció una inversión de 300 millones de euros en una década. Alega, básicamente, que su coste es demasiado elevado y que por tanto no se pueden hacer en ellos VPO. “Las valoraciones fijadas por la Comisión Provincial de Valoraciones –señala el escrito del coordinador provincial de áreas de rehabilitación– indican que las mismas pueden tener unos justiprecios que impiden a la beneficiaria de las mismas, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa), la promoción de viviendas protegidas”.


La decisión de la Junta deja ante un complejo escenario a Urbanismo. Estos edificios han incumplido el deber de conservación y había por tanto una base legal para su expropiación dado que los propietarios no se hacían cargo de ellos. En algunos casos, los inquilinos siguen dentro, en condiciones precarias, como en Bécquer, 45, donde el suelo de una cocina se desplomó esta semana. Pero otros ya tuvieron que abandonar sus casas. Hay más de una decena de familias realojadas en pisos sociales repartidos por distintos barrios de la ciudad por la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa ) –que gestiona IU– ante las malas condiciones que tenían en sus viviendas. Llevan más de dos años esperando volver a sus inmuebles de origen en los que tenían contratos de alquiler de renta antigua.


Pese al escrito, desde la Consejería de Obras Públicas aseguraron a este periódico que no hay una intención de frenar los procesos de expropiaciones de los edificios deteriorados del Centro, ni un problema económico de Epsa y que los detalles del programa aprobado en 2007 siguen adelante. Desde el Gobierno andaluz redujeron las incidencias a dos casos concretos en los que los precios fijados por la comisión de valoración han sido demasiado elevados para expropiar. Pese a esto, no facilitaron dato alguno de cuántas expropiaciones se han llevado a cabo en estos años ni de cuántos procesos hay abiertos en estos momentos. Tampoco en la Oficina de Rehabilitación concertada del casco norte dieron explicación alguna en este sentido.
Pero se han bloqueado 12 edificios que se encontraban en la última fase de expropiación, hasta el punto de que dos de ellos fueron los primeros en traspasarse a Epsa tras la firma del programa de rehabilitación del Centro. En este listado hay inmuebles en distintas situaciones. Mientras que edificios como González Cuadrado, 13 se encuentran abandonados y todos sus vecinos están realojados; en Escuelas Pías, 11 y 13 aún viven vecinos. En otros casos, según indicaron algunos inquilinos, el deterioro de los bloques y su desuso deriva en problemas de ocupaciones por parte de indigentes, con conflictos como el generado hace años en la manzana de La Barqueta, aunque a menor escala.


Las consecuencias de esta paralización de los expedientes son múltiples. Por un lado, se frena uno de los ejes del plan de rehabilitación concertada que planteaba la expropiación para construir VPO como vía para revitalizar barrios y luchar contra “fenómenos especulativos” –según explicó el propio alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín en abril de 2007–. En segundo lugar, los edificios mantienen una situación de ilegalidad, ya que se ha declarado el incumplimiento del deber de conservación, que pasa a ser ahora responsabilidad de Urbanismo pese a no entrar en las previsiones presupuestarias. Por último, la espera de los inquilinos bien en los mismos edificios bien en pisos realojados pasa a ser indefinida.

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