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La Junta frena sin fecha la ley de la renta básica

La falta de recursos presupuestarios en 2010 frenará sin fecha una de las promesas electorales del PSOE: el derecho de los más desfavorecidos a una renta básica. El Gobierno confirmó que la norma se congela sin un compromiso para su entrada en vigor.

el 16 sep 2009 / 08:27 h.

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La falta de recursos presupuestarios en 2010 frenará sin fecha una de las promesas electorales del PSOE: el derecho de los más desfavorecidos a una renta básica. El Gobierno confirmó que la norma se congela sin un compromiso para su entrada en vigor.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, justificó ayer la paralización sine die de la Ley de Renta Básica, una promesa que ya se quedó en el cajón la pasada legislatura, en la necesidad de "ser realistas" y priorizar políticas ante la actual situación económica. La norma estrella de la consejería, cuyo anteproyecto tenía ultimado y se anunció que llegaría al Parlamento antes de final de año, no fue mencionada en su primera comparecencia tras el verano por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que preguntado por ello aseguró que el texto estaba "en consultas" para dejar claro acto seguido que no se comprometería a algo que no pudiera financiar.

Micaela Navarro aseguró ayer que la Junta no renuncia a la ley sino que "de momento no se llevará al Parlamento". "No creo que el presidente haya dicho que no se vaya a aprobar sino que hay que seguir reflexionando sobre la ley", declaró la consejera.

No obstante, defendió que el hecho de que no haya una ley que reconozca el derecho a una renta básica "no quiere decir que no haya respuesta para los ciudadanos que lo necesiten" y se refirió al hecho de que se haya "priorizado el aumento del presupuesto destinado al salario social" , con 19 millones adicionales a los que se sumarán tantos como sean necesarios para cubrir las solicitudes, que hasta septiembre, en plena crisis, han aumentado un 40% con respecto al año pasado.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, consideró una "mala noticia" que la Ley de Inclusión Social no vaya a llegar al Parlamento este otoño "tal y como estaba previsto" e instó al Gobierno andaluz a que supere este trámite "cuanto antes", ya que, dadas la prestaciones sociales que contempla "debe de ser una prioridad en crisis".

Según indicó Chamizo a Europa Press, "muchos de los problemas e incertidumbres que existen en torno a las ayudas a las que pueden optar las personas en desempleo se podrían ver resueltas y reconducidas a través de las prestaciones contempladas en la Ley de Inclusión Social". El Defensor opinó que el desembolso que tiene que hacer la Junta para desarrollar esta normativa "no es mucho mayor" que el que ya está haciendo a través del salario social. "Creo que hay demasiadas obsesiones con el tema presupuestario", lamentó Chamizo.

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