A día de hoy se contabilizan en torno a 40.000 parados de larga duración que no reciben atención sanitaria pública ordinaria tras haber agotado su prestación por desempleo y, por tanto, podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria. Así lo aseguró ayer el secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, a la Cadena SER.
Sin embargo, ninguna de ellas está en Andalucía, según reseñaron fuentes de la Consejería de Salud, que precisaron que en esta comunidad no hay ciudadanos desempleados de larga duración que tengan bloqueada la tarjeta que les da derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita.
Jiménez reconoció que, en algunas comunidades autónomas como Baleares o Galicia, "han podido darse pequeños problemas" o "desajustes" con la atención a estas personas, tanto en los centros sanitarios como al llegar a las farmacias con sus recetas.
Esto puede haber sido fruto "del incremento de personas en paro que han perdido la prestación" y no pueden acudir a alternativas, como ser beneficiarios de otros titulares o acreditarse como persona sin recursos porque, aunque estén en paro y sin prestación por desempleo, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, unos 7.000 euros.
En estos casos, y según matizó posteriormente a Europa Press, "las comunidades pueden legalmente negarse a ofrecerles una atención sanitaria ordinaria, no así en Urgencias". De ahí que haya regiones en las que sí se están produciendo problemas y otras en las que no se registren desasistencias. "Se trata de una cuestión de voluntad política", reseñaron las fuentes de la Administración andaluza, que incidieron en que el colectivo de parados que ya han agotado su prestación continúa recibiendo asistencia sanitaria por sí mismos sin tener que estar asociado a otra persona que sí cotice a la Seguridad Social.
El secretario de Estado de Salud reconoció que los desajustes actuales cambiarán a partir del 1 de enero de 2012 con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Salud Pública, que garantiza la universalización del acceso al Sistema Nacional de Salud a unos 200.000 ciudadanos que, por diferentes motivos, permanecen fuera de la sanidad pública en España, tanto parados sin prestación como colectivos de abogados o arquitectos que, por iniciativa propia, se decantan por la sanidad privada.
Sobre la decisión de Galicia de establecer que los emigrantes esperen seis meses tras empadronarse para recibir asistencia, dijo que es "simplemente ilegal".
Respecto a otras medidas de la Xunta como cobrar una tasa por emitir varias tarjetas sanitarias sucesivas, Jiménez puntualizó que "no podría hacerse solo en algunos casos, tendría que ser en todos, como si fuera una tasa pública".
De cualquier forma, destacó la importancia de mantener la cohesión del Sistema Nacional de Salud y advirtió a las autonomías que tomar decisiones diferentes podría "dinamitar al propio sistema".
Por ello, reclamó que se eviten conflictos como el de La Rioja y el País Vasco, después de que la Administración riojana se negara a atender a los ciudadanos vascos de las zonas limítrofes. Ya hay acuerdo transitorio.
