A principios de mes, el Ministerio de Hacienda convocó en un grupo de trabajo a las comunidades autónomas para discutir los problemas que aún tienen para equilibrar sus cuentas y cumplir con el objetivo del déficit (diferencia entre ingresos y gastos). El departamento de Cristóbal Montoro abundó en la necesidad de racionar más el gasto público e invitó a los gobiernos regionales a proponer nuevas medidas de contención fiscal. Las comunidades enviaron sus propuestas a Hacienda y el Ministerio las recopiló en un informe oficial, que luego devolvió a las regiones con idea de usarlo como «documento de partida» en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Ese texto (una tabla Excel), que avanzó ayer El País y al que ha tenido acceso esta redacción, contiene 255 propuestas de ahorro, y muchas de ellas han alarmado al Gobierno andaluz y a otras comunidades porque suponen una batería de recortes más propia del inicio de la crisis que del momento de recuperación que viene pronosticando el Ejecutivo de Mariano Rajoy: volver a aumentar la ratio escolar un 10%; volver a incrementar la jornada de los funcionarios hasta las 40 horas; eliminar a los defensores del pueblo; volver a reducir el número de empleados públicos y minorar sus salarios; suspender el nombramiento de personal interino; copagos en los servicios de urgencias, de tratamiento de interrupción del embarazo, copago farmacéutico, en las recetas y por falta de asistencia a citas programadas... El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, rechazó ayer «frontalmente» cualquiera de estas medidas: «Ni un recorte más en Andalucía. Nos vamos a oponer frontalmente al documento que pone sobre la mesa Montoro, del que no nos sentimos representados», dijo. La Consejería de Hacienda recibió el compendio de propuestas autonómicas hace unos días y, en efecto, se percató de que las 15 medidas que Andalucía había elevado a Madrid «no se han incluido en el documento, se han ignorado», aseguran fuentes del departamento de María Jesús Montero. La consejería no disponía ayer de la lista de propuestas que le trasladaron al Ministerio, aunque explicaron que, entre ellas, estaba la subasta de fármacos, una medida que la Junta puso en marcha pero fue paralizada en los tribunales a partir de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central. Otra de las propuestas andaluzas, que sí está en el documento de Montoro y ha sido defendida por otras comunidades, es la centralización de las compras a través de plataformas logísticas, para poder negociar mejor con los grandes proveedores, obteniendo rebajas más ventajosas. Vázquez tildó ayer el documento de Montoro de «absoluto despropósito», y valoró que habían sido las comunidades del PP las que habían propuesto la ristra de nuevos recortes. Sin embargo, el documento no sólo soliviantó ayer a Andalucía, otras regiones gobernadas por el PP también reaccionaron, airados, forzando al número dos del Ministerio, Antonio Beteta, a salir al paso para calmar los ánimos. El secretario de Estado de Administración Pública descartó nuevos recortes para las comunidades, y explicó que las recomendaciones que hará el Ministerio «irán dirigidas a la mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos que tienen los ciudadanos en la prestación de servicios públicos». Las medidas del documento no llevan nombre y apellidos. Se desconoce, por tanto, el autor de propuestas tan duras como elevar la jornada de los funcionarios hasta las 40 horas. Las comunidades, que gestionan los servicios básicos esenciales (y los más costosos), como la sanidad y la educación, avisan de que ya no hay más margen para nuevos recortes. Además, cualquier nuevo ajuste drástico se haría en la antesala de las elecciones autonómicas, previstas para el año que viene.
