El Gobierno andaluz reclama a UGT en firme un total de 1,8 millones de euros de dos expedientes por no justificar las subvenciones concedidas al sindicato. Existen otros 19 expedientes abiertos, en distintas fases, que están siendo investigados en la Consejería de Economía y que suman 15,2 millones de euros. Son datos ofrecidos por el departamento que dirige José Sánchez Maldonado, que ha comparecido esta mañana en el Parlamento para informar sobre la situación en la que se encuentra la investigación interna abierta por supuesto fraude en las ayudas concedidas a UGT. En la última comparecencia del consejero de Economía ante la Cámara para abordar este asunto, el pasado febrero, dio cuenta de 19 expedientes en revisión. Cuatro meses después, ya hay dos reclamaciones en firme con dos expedientes de reintegro que obligarán a UGT a reingresar a la administración 1,8 millones de euros, frente a lo que no caben alegaciones. Esta cantidad supone el 17,5% del total de las ayudas concedidas en estos dos expedientes (10,2 millones de euros). El resto ha sido justificado por el sindicato.
Los 21 expedientes en revisión se corresponden con ayudas otorgadas a UGT por la dirección general de Relaciones Laborales y por la dirección general de Políticas Activas de Empleo en 2008, 2009 y 2010. Hay otros dos expedientes revisados cuya investigación está a punto de concluir y que podrían convertirse en reclamaciones en firme la semana que viene.
El consejero Sánchez Maldonado reiteró el compromiso de su departamento por la transparencia de las cuentas públicas y el máximo control de los fondos públicos. Su comparecencia ofreció menos datos de los que finalmente fueron oficialmente difundidos desde la Consejería en una posterior nota de prensa.
La diputada de IU Rosalía Martín sí ofreció el dato de los 15,2 millones que suman el total de las ayudas investigadas y lamentó que el consejero de quedara en dar datos y no se resuelva con más celeridad la investigación sobre este presunto fraude.
Desde el PSOE, Carmelo Gómez, convirtió su intervención en una llamativa defensa del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, reciénteme absuelto por el Supremo en el caso Mercasevilla y que está también imputado en el caso de los ERE. No hagamos juicios sumarísimos, reclamó tras el fallo del Supremo que absuelve a Rivas.
El diputado del PP Rafael Carmona recordó que el caso de las supuestas facturas falsas de UGT con fondos públicos de Empleo saltó por una denuncia desde dentro del sindicato y puso patas arriba a la organización, obligando a la renovación de su cúpula en Andalucía y provocando una cascada de dimisiones. El PP exigió claridad sobre los datos y la investigación en marcha.
