La Junta de Andalucía ha abierto durante los últimos cuatro años 4.082 expedientes de reintegro de fondos europeos para incentivar el empleo en las empresas andaluzas, fruto de un trabajo de control masivo en el que se han visto revisados casi 7.000 expedientes.
El montante que la Junta ha impuesto para devolver por estos 4.082 expedientes se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Por provincias, la más afectada es Granada, con 2.064 expedientes, más de la mitad del total; la siguen Sevilla, con 469; Almería, con 292; Córdoba, con 281; Cádiz, con 278; Huelva, con 270; Jaén, con 259, y Málaga, con 169 expedientes.
Fuentes oficiales de la Junta señalan que "estos datos demuestran el control y la diligencia del Gobierno andaluz, que en todo momento ha cumplido con su obligación de controlar" el cumplimiento de los requisitos y los objetivos por los que se han venido concediendo estos fondos: la creación de empleo. La mayoría de los expedientes se resolverán por la vía administrativa, al ser la cuantía del fraude menor de 120.000 euros.
En estos casos, el Gobierno andaluz reclamará todas las subvenciones que no hayan llegado a buen fin, "como ha venido haciendo hasta ahora". La investigación impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estima un presunto fraude global de 26 millones de euros, pero solo en 24 casos el comportamiento de los empresarios derivará en un proceso penal.
En todo caso, la coincidencia temporal entre este proceso abierto y el caso de los ERE irregulares está generando un mensaje de confusión que se intenta desmontar desde el Ejecutivo andaluz. Según estas fuentes, este fraude "no es masivo y su responsabilidad, en cualquier caso, recae en los propios empresarios".
Otra investigación. En cualquier caso, no tiene nada que ver con el proceso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Al mismo tiempo se insiste en subrayar que, independientemente de que haya quien ha tenido ánimo de defraudar, los empresarios andaluces no son defraudadores y muchos de ellos se han visto en la obligación de renunciar a las ayudas y devolver los incentivos recibidos al no poder asumir sus compromisos de contratación. La Junta, asimismo, quiere defender la gestión de estos fondos, tanto desde la propia Administración andaluza como desde los ayuntamientos y los empresarios, a la vez que señala la importancia de estos fondos europeos para el desarrollo andaluz. En el Gobierno andaluz existe una fuerte preocupación por el daño que puede causar para los intereses de Andalucía ante Europa el mensaje de fraude masivo que se intenta dar desde la oposición y esa imagen de generalización que, en su opinión, no coincide con la realidad.El Ministerio Público abrió diligencias a raíz de una investigación de la Guardia Civil que comenzó en Cádiz, donde los agentes detectaron posibles irregularidades en 503 empresas. Ante el volumen de posibles irregularidades en Cádiz, la Guardia Civil amplió la investigación a todas las provincias andaluzas.
