A nadie se le escapaba que Alcaucín, como muchos municipios de la Axarquía, era un hervidero de edificaciones ilegales. Lo habían denunciado los ecologistas y la Junta tenía puesto el ojo en la sierra malagueña. Frente a las críticas del PP por "haber mirado para otro lado", la consejería defendió ayer sus controles: de 2006 a 2008 impugnó 27 licencias municipales.
Si todos conocían las irregularidades en Alcaucín -donde ha estallado una trama de corrupción urbanística que se ha saldado, de momento, con 13 detenidos, entre ellos el alcalde socialista, José Manuel Martín-, ¿quién tiene la culpa de que no se frenaran? Para el PP, la responsabilidad es de la Junta, que "ha mirado para otro lado todo este tiempo". Javier Arenas, líder de los populares, anunció ayer que pedirá un pleno extraordinario en el Parlamento para hablar de los casos de corruptela. Mencionó los que no van con su partido -Marbella, Estepona...- y olvidó ejemplos como el de Alhaurín el Grande, cuyo alcalde imputado (del PP) sigue en su cargo.
El Gobierno defendió su actuación. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, recordó que el control urbanístico corresponde, en primera instancia, a los ayuntamientos, y a la Junta, dijo, le toca la "protección medioambiental o territorial". Dibujó un escenario con un punto de inflexión: la creación en 2006 de la Dirección General de Inspección Urbanística, cuya misión es vigilar las ilegalidades en el ladrillo. De 2006 a 2008, la Junta impugnó 27 licencias concedidas por el consistorio de Alcaucín.
Un poco antes, de 2001 a 2006, la consejería detectó un crecimiento de población del 60%, "ligado a la diseminación" de las viviendas ilegales. La trama destapada construía casas, sobre todo para ingleses, en suelo no urbanizable.
Espadas añadió que entre 2003 y 2006 la Junta tramitó 800 denuncias en la Axarquía y 85 de ellas derivaron en recursos contenciosos. "Me he reunido con los alcaldes; la colaboración ahora es más madura", apostilló.
