Las irregularidades a la hora de comprar o vender un piso siguen a la orden del día, aunque el volumen de negocio ha descendido por la crisis económica. Los servicios de Consumo de la Junta impusieron el pasado año 52 sanciones, por un montante de 254.504 euros, a inmobiliarias y empresas promotoras de viviendas.
Estas multas oscilaron entre 200 hasta 60.000 euros, aunque en general la mayoría de las sanciones rozó los 5.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. La existencia de cláusulas abusivas en los contratos fue la principal causa de multa, con 19 casos, si bien en 2006 y 2007 se registraron más infracciones de este tipo, en concreto, 33 y 32 casos respectivamente.
Según fuentes consultadas de Gobernación, estas cláusulas abusivas suelen hacer referencia a la obligación de subrogarse el crédito en cierto banco, a la imposición de un determinado notario o a la modificación unilateral del contrato, por ejemplo, introduciendo un derecho para que el promotor pueda cambiar el precio. Además, algunas cláusulas aluden a supuestos desproporcionados por incumplimiento del contrato. Ante todas estas situaciones, el consumidor debe negarse y, llegado el caso, reclamar.
El pasado año la segunda infracción más cometida fue la de no formalizar las garantías de las cantidades que se entregan a cuenta. En 2008 se contabilizaron 15 casos, uno menos que los registrados en 2007 y diez menos que en 2006.
Diez sanciones se pusieron tras detectarse irregularidades en la información a consumidores. En 2007 estas sanciones fueron 18 y un año antes, 19. Por no disponer de libro de reclamaciones se multó a 9 inmobiliarias, frente a las 10 de 2007 y las 13 de 2006. Por no contestar a las reclamaciones de los consumidores, la Junta tramitó 13 sanciones, 9 en 2007 y 11 en 2006. Con todo, las infracciones han bajado un 25% desde el año 2006. Según sus responsables, se debe a que ya se ha creado "una cultura del cumplimiento tras cuatro años seguidos de inspecciones y sanciones".
Pocos inspectores. Los servicios de inspección de la Consejería de Gobernación en la provincia de Sevilla están formados por un plantilla de 30 personas. Diez de ellas están cada día en la calle inspeccionando comercios, desde inmobiliarias o empresas promotoras de viviendas, hasta bares, talleres de reparación de coches, tiendas de textil, empresas de agua, gas? Una ardua y minuciosa tarea que, según las asociaciones de consumidores, requiere más personal. Este servicio atiende al año más de 6.000 reclamaciones y da salida a una media de 40.000 documentos, de ahí que se antoje excesiva la carga de trabajo de estos funcionarios, según reconocen ellos mismos.
