Casi cuatro años después de que ocurrieran los hechos, la Consejería de Educación ha decidido indemnizar a la familia del menor que se ahogó en una papelera del colegio Jacarandá, de Sevilla Este, con 115.187,32 euros tras reconocer su responsabilidad.
En la resolución, la consejería reconoce la falta de diligencia de los profesores, no por el hecho de que el niño, que tenía cuatro años, metiese la cabeza en una de las papeleras del recreo, un "hecho en ocasiones inevitable", sino porque "no fue visto por ningún profesor hasta que se lo comunicaron los alumnos".
La Junta incluso llega a admitir que el grado de responsabilidad en los hechos, ocurridos el 25 de abril de 2006, es aún mayor porque los alumnos tuvieron que avisar en varias ocasiones a la persona encargada de la vigilancia de que había un menor con la cabeza atorada. Según la declaración de los menores que estaban en el patio, la profesora llegó a responder "anda ya, niño".
Los servicios jurídicos de Educación ya admitieron su responsabilidad en un informe emitido el pasado mes de agosto, en el que explicaban que en el hecho de que el menor -se desconoce cómo- se alzara hasta la papelera y se quedase atrapado sin que se percatasen los profesores "puede ser revelador de que las medidas de control y atención no eran suficientes o no eran desarrolladas de manera conveniente". El informe también hacía hincapié en el tiempo que estuvo el menor colgado en la papelera sin ser visto -cuatro minutos-, lo que evidencia que faltó una "efectiva vigilancia" y, por tanto, un mal funcionamiento del servicio público.
Por todo ello, la Junta accede ahora en indemnizar a los padres del menor en 96.101,05 euros y en 17.472,92 euros a la hermana, incluyéndose en esta cifra los gastos funerarios (1.375,95 euros) y el enterramiento (237,40 euros). Las secuelas psicológicas sufridas por la familia se encuentran integradas en la indemnización, ya que "las cuantías a tener en cuenta tienen carácter global".
Esta indemnización se produce después de que el abogado de los padres, Félix Muñoz, presentase en julio de 2008 una reclamación por la vía administrativa de un millón -400.000 para cada padre y 200.000 para la hermana-. La familia optó por esta vía, tras el archivo de la vía penal, con la que han obtenido respuesta tras más de año y medio.
El letrado aseguró ayer que la familia está "satisfecha" con el hecho de que la Junta haya reconocido su responsabilidad, pero manifestó su intención de continuar con el pleito contencioso que plantearon porque "no estamos de acuerdo con la cuantía. Se ha baremado como un accidente de tráfico, lo que no se corresponde con el caso porque cuando alguien se sube a un coche asume un riesgo, pero no cuando un niño va al colegio", dijo el abogado.
Cuatro años de batalla judicial sin recompensa
La familia de L.S.R. inició tras su muerte (que se produjo al día siguiente de los hechos en la UCI del hospital Virgen del Rocío) un pleito penal que fue archivado hasta en tres ocasiones.
La última fue el 13 de diciembre de 2007, cuando la Audiencia Provincial decidió cerrar el caso definitivamente, aunque dejó abierta la posibilidad de que la familia iniciara acciones civiles. La decisión se produjo cuando dos menores declararon que los profesores habían acudido "rápidamente" a la llamada de los otros niños que estaban en el patio.
Fue entonces cuando los padres del pequeño decidieron presentar una reclamación por la vía administrativa, que año y medio después ha dado sus frutos.
El caso se archivó por primera vez el 7 de febrero de 2007 por el Juzgado de Instrucción número 8. A los pocos meses, y tras aceptar la Audiencia un primer recurso de la familia, el caso se reabrió. Instrucción 8 lo volvió a archivar el 18 de mayo de 2007.
