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La Junta indultará el 80% de las 250.000 casas irregulares

Asegura que no es una medida indiscriminada ya que se estudiará cada situación particular

el 10 ene 2012 / 21:36 h.

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Pese a parecer un indulto indiscriminado a la cultura del ladrillo irregular, la Junta asegura que la medida de regularización de estas viviendas construídas sobre suelo no urbanizable es necesaria para dar salida a la situación de alegalidad en que se encuentran, ya que no se trata de dar licencia sin criterio sino de estudiar cada caso particular.
Así lo defendió ayer la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde aseguró que la regularización se efectuará sobre "las viviendas que aunque en su momento supusieron un delito urbanístico, en algunos casos ha prescrito, por lo que se trata de edificaciones que no son legales y no se pueden legalizar pero tampoco se pueden demoler, generando un limbo jurídico y social".

En este sentido, solo se atenderán aquellos edificios que tengan el procedimiento judicial prescrito, y que no estén en suelo protegido o que sufran riesgos naturales como inundación. Estos, serán por el contrario demolidos.

La estimación que hace la Junta del número de viviendas que podrían ser regularizadas es de unas 250.000 viviendas aisladas ubicadas en suelo no urbanizable y unas 1.000 urbanizaciones. Asimismo, la titular de Obras Públicas apuntó que de cada diez de estas casas, una se podría legalizar directamente, ocho serán reconocidas y se les dará servicios básicos, pero no serán legalizadas, y una tendría que ser demolida.

"No es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación, un reconocimiento de la existencia de las viviendas en situación de alegalidad", apuntó Cruz-Villalón "requiere de el compromiso de los ayuntamientos y un esfuerzo en la gestión".

Por otro lado, la consejera quiso dejar claro que los costes de adaptación deberá ser sufragada por particulares, ya que "las administraciones no pueden asumir los costes de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas".

La norma, incluída en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece vías para el reconocimiento legal de las construcciones en función del análisis de sus circunstancias físicas y jurídicas. De esta forma, el decreto distingue tres supuestos, esto es, edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos -parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos- y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado -edificaciones con usos vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos-.

En el caso de que se demuestre la prescripción del delito o infracción, se tolerará el uso residencial "pero se debe demostrar las condiciones de seguridad o habitabilidad de la vivienda".

De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de asimiladas a fuera de ordenación, que les permita mantener el estado actual y el acceso a servicios.

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