Vecinos afectados en un acto de protesta en el que pidieron la devolución de su dinero o la entrega ya de las viviendas. / J.M.Espino
Los adjudicatarios de las 583 viviendas de la promoción Isbylia en Sevilla Este están ya más cerca de recuperar su dinero y acabar con su pesadilla. Los vecinos de estas viviendas inacabadas, cuyo promotor es la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han recibido ya una propuesta de la Junta para denegar la calificación de VPO definitiva ante la caducidad del expediente. Las partes tendrán diez días para alegar, pero la resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio se prevé a favor de los afectados, que pueden tener, por fin, una causa para la resolución del contrato.
Así podrían recuperar su dinero, puesto que estos vecinos dieron una media de 20.000 euros de señal por unos pisos que llevan dos años paralizados y que han llevado a la cúpula de la CEA a los tribunales por una presunta estafa y desvío de 14 millones de euros. La imputación responde a una denuncia presentada por proveedores que reclaman más de 600.000 euros por sus trabajos en estas obras inacabadas, mientras que el bautizado como Banco malo (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA) llevó a la Fiscalía información sobre un presunto desvío de fondos.
Ante este panorama, si la administración andaluza opta por darle la razón a los vecinos, se desvincularía del escándalo. No en vano, el Gobierno autonómico ya anunció que requerirá «la devolución íntegra» de los 1,7 millones de subvención concedidos a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa «si efectivamente las viviendas de esa promoción no salen adelante, no se concluyen y se entregan a los afectados por este parón en la obra».
Montse Corral, una de las abogadas de los vecinos, aseguró a esta redacción que el plazo para solicitar la calificación de VPO expiró el 7 de noviembre de 2011, de ahí que pidieran a la Junta que declare la caducidad del expediente. Una vez que se rechace la calificación definitiva de VPO podrán optar entre «resolver el contrato», lo cual conllevará la devolución por la promotora de las cantidades entregadas a cuenta, o bien, «solicitar a la Delegación Provincial, en el plazo de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta».
Ya a finales de noviembre la Junta dio un plazo de tres meses a la empresa promotora para que realizase «las actividades necesarias para reanudar la tramitación del expediente» en alusión a la calificación definitiva como VPO, que corresponde con el paso administrativo de final de la obra.
La asociación de vecinos Isbylia 583 VPO solicitó a la delegación provincial la denegación de esa calificación definitiva por causa imputable al promotor, iniciar el trámite de expropiación de lo construido en los suelos protegidos y proceder «a investigar las causas por las que los adjudicatarios que han rescindido el contrato y solicitado la devolución de las cantidades entregadas siguen sin recuperar su dinero». Según Corral, doce afectados ya han presentado una demanda contra la aseguradora para lograr que se ejecute la póliza y recuperar el dinero, ya que abrir un procedimiento contra la promotora sería largo e incierto. Otros 15 vecinos presentarán sus demandas la próxima semana.
En calidad de imputados, la jueza Patricia Fernández citó a declarar el día 5 de marzo al presidente de la CEA, Santiago Herrero, y al secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, ambos patronos de la fundación promotora de las VPO. Otros cargos de la CEA y responsables de la constructora Dolmen también darán explicaciones ante la jueza.
