En Andalucía se ejecutan al día 45 desahucios
Primero fue Mari Carmen y ahora Ana y Margarita. Dos nuevas familias, esta vez de Granada, podrán seguir viviendo en sus casas gracias a que la Junta expropiará al banco el uso de estas viviendas, sobre las que pesaba ya una orden de desalojo. Es la consecuencia más palpable del polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno andaluz y que se estrenó a finales de mayo con el auxilio de otra familia de Huelva. Todos los beneficiarios llevan tiempo en paro y tienen a su cargo varios hijos o mayores dependientes, con lo que no pueden hacer frente a la hipoteca. En este caso la entidad es Caja Rural de Granada. Ahora pagarán durante tres años tiempo que dura la expropiación un alquiler social.
Tanto lo he pedido que se ha cumplido, contó Ana Prieto Coca a Europa Press, vecina de Motril, nada más enterarse de la noticia. La expropiación de su casa se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Junta. Es el inicio de un proceso que puede durar meses, pero ya no tendrá que dejar su vivienda. Ella, como cualquiera que necesite acogerse al decreto, tiene que solicitarlo formalmente en la delegación territorial de Fomento y Vivienda, que estudiará minuciosamente su situación. La consejería que dirige Elena Cortés calculó en un primer momento que unas 200 familias podrán beneficiarse de las expropiaciones. Los requisitos son claros: la familia no puede cobrar más de 542 euros mensuales y su economía doméstica tiene que haber empeorado como consecuencia de la crisis. La vivienda debe ser la residencia habitual y única y en ella suelen vivir menores o ancianos dependientes. La norma busca que estas familias no entren en una situación de exclusión social.
Ese es el riesgo que corrían tanto Ana Prieto como Margarita Yolanda Cabana. La primera está separada y en paro desde hace cuatro años. Vive con sus tres hijos de 20, 22 y 24 años. Subsiste con la ayuda agraria porque su expareja no le ayuda económicamente. Ahora espera que durante los tres años que dura la expropiación pueda encontrar un empleo para remontar. Margarita reside junto a una persona mayor enferma en una vivienda social de la pequeña pedanía de Charches-Valle de Zalabí. Su marido es pastor pero no tienen ingresos suficientes para pagar la casa, pese a que los servicios sociales del pueblo le han echado una mano.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), valoró ayer un elemento de justicia social las dos nuevas expropiaciones. Su departamento tiene aún pendiente la elaboración del registro de viviendas vacías, elemento clave para conocer la realidad inmobiliaria de Andalucía. La expropiación es una de las patas del decreto, que también contempla multas de hasta 9.000 euros por cada vivienda vacía en manos de bancos, inmobiliarias o entidades (las personas físicas están excluidas). La consejera explicó en una entrevista con 8 TV Andalucía que ya hay 17 bancos que están informando de las VPO que tienen desocupadas. La Junta cuenta también con 638 pisos protegidos vacíos, sin adjudicatario, la mayoría en alquiler.
