Diego Valderas, este martes. / José Manuel Vidal /EFE
El Gobierno andaluz aprobó este martes un decreto-ley que «desactiva» la reforma local a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la Junta. El Ejecutivo autonómico actúa por la vía de los hechos y después de meses pidiendo diálogo al Gobierno central directamente legisla para blindar las 29 competencias locales recogidas en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula). El vicepresidente Diego Valderas (IU) aseguró que estas competencias serán de obligados cumplimiento para todos los alcaldes y defendió que la norma andaluza no ha tenido la oposición del PP durante su tramitación. El Gobierno andaluz ha legislado en el mismo sentido que lo ha hecho el País Vasco, Galicia y Castilla-León, las dos últimas comunidades gobernadas por el PP. El Ministerio de Cristóbal Montoro ha desistido de presentar recurso frente a las normas de estas comunidades por lo que Valderas confió en que tampoco se recurra el decreto andaluz ayer aprobado.
La Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, la llamada reforma local, tiene especial incidencia en los 691 municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes (el 89,5 % del total), que podrían perder «buena parte» de sus competencias a favor de las diputaciones. Los 509 municipios de menos de 5.000 habitantes (66 %) quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos. Valderas defendió que con el decreto-ley ayer aprobado se «pone fin a incertidumbres e inquietudes» en los ayuntamientos y se aclaran todas las dudas jurídicas que pudieran surgir con la reforma local. Los ayuntamientos andaluces tendrán que ejercer 29 competencias, que afectan a 72 asuntos, y que son señaladas como «exclusivas» en el Estatuto de Autonomía y la Laula y que se refieren a urbanismo, vivienda protegida, servicios sociales, voluntariado, consumo, recogida de residuos, medio ambiente, salud, deportes, seguridad en espacios públicos, turismo, cultura o educación.
Valderas garantizó que la norma también blinda los 1.400 millones destinados en el Presupuesto autonómico a los ayuntamientos y que garantizará que no se pierda ningún empleo público. «Andalucía se convierte en dique de contención del municipalismo», defendió el vicepresidente del Gobierno andaluz. «Ningún ayuntamiento ni ninguna diputación podrá escudarse en la ley estatal para dejar de prestar servicios públicos», apostilló. El horizonte de lo que puede ocurrir hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma local del Gobierno no está tan claro. Aunque la Junta asegura que tiene el respaldo de los alcaldes del PP, este partido todavía no se ha pronunciado sobre la contrarreforma de la Junta y no sería difícil que los regidores quisieran dejar de ejercer algunas competencias amparándose en la norma estatal. ¿Qué ocurrirá?, se le preguntó a Valderas, quien confió en que no ocurra y señaló que «si es así, habrá que denunciarlo». Cuando las competencias estén duplicadas, es decir residan tanto en la Junta como en los ayuntamientos, se analizará en cada caso y se adoptará una decisión. El decreto regula también el procedimiento para el ejercicio de las competencias denominadas impropias o por delegación, así como el relativo a la adaptación de los convenios firmados entre las administraciones autonómica y local para su financiación.
Al Gobierno central Valderas le pidió «diálogo, diálogo y diálogo». Después de que el ministro Cristóbal Montoro se haya mostrado dispuesto a convocar la comisión bilateral Junta-Gobierno para abordar la situación de los ayuntamientos consideró que llega «tarde», pero le dio la «bienvenida».
