La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Junta, abrió expediente al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa) y al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla por infringir presuntamente varios artículos de la Ley de Defensa de la Competencia en la concesión de visados de proyectos de edificación de obras, en concreto en cuestiones sobre el número de visados que debe tener un proyecto y sobre quién es el profesional competente.
Según el informe de Competencia, consultado por Europa Press, el expediente abierto a los arquitectos andaluces y a los aparejadores de Sevilla, se incoó el 30 de junio de 2010, se inició de oficio y contempla que supuestamente se han inringido la Ley de Defensa de la Competencia".
El artículo 1 de la ley hace referencia a las llamadas "conductas colusorias", toda vez que "se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia", como la "fijación de precios; limitación o control de la producción; reparto del mercado; aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; o la subordinación de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con tales contratos".
El artículo 2 de esta ley alude al llamado "abuso de posición dominante", y en él "queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio", un abuso que podrá consistir, entre otras prácticas, en "la imposición de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos; la limitación de la producción, la distribución en perjuicio de empresas o los consumidores; o la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o prestación de servicios".
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, Luis Cano, alcaró que este expediente versa sobre "las diferencias de interpretación entre este órgano y los arquitectos sobre el número de visados que debe contener un proyecto y quién debe ser la persona competente para llevar a cabo dicho visado".
