Local

La Junta irá a los tribunales contra UGT si se confirma el desvío de fondos

Susana Díaz: “No me va a temblar el pulso si hay menoscabo, afecte a quien afecte”

el 28 nov 2013 / 21:30 h.

TAGS:

Foto (153S1fff7615) Sin mencionar explícitamente a UGT ni detenerse en el turbio asunto de las facturas falsas del sindicato, la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, aventuró ayer un discurso en el Parlamento que parece conducir a la personación de la Junta como acusación particular en un hipotético proceso: “No me va a temblar el pulso. Vamos a acudir a los tribunales cuando veamos que hay menoscabo de fondos públicos, afecte a quien afecte, se llame como se llame y lo haga quien lo haga”, dijo, enérgica, en su réplica al líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido. Los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz analizarán la próxima semana un informe sobre dos ayudas públicas otorgadas a UGT-A. Dicho informe ha sido elaborado por un funcionario de la Consejería de Economía, y de las conclusiones que extraigan de él los abogados de la Junta, ésta decidirá si denuncia o no a UGT o si remite el caso a la Fiscalía. Acudir a los tribunales, algo que reclaman ya tanto el PP como IU, es una decisión muy delicada, porque enfrentará al Gobierno del PSOE con el sindicato hermano, históricamente aliado de los socialistas. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, anunció ayer antes de la sesión de control que su departamento remitirá el informe a los servicios jurídicos el próximo martes 3 de diciembre para que se esclarezcan “las actuaciones legales correspondientes”. Maldonado respondía así a una pregunta de la diputada popular Esperanza Oña, muy dura con la actitud “vacilante” que está adoptando la Junta respecto al supuesto fraude de los ugetistas. Oña reprochó al consejero que le “hayan dado tres meses” al sindicato para que pueda justificar los desfases en sus facturas. El titular de Economía replicó que la Junta adoptó medidas “de inmediato”, entre ellas, exigir la devolución de 25.000 euros por dos facturas no justificadas que, supuestamente, reflejaban el gasto de dos ayudas públicas que se usaron para fines distintos a los aprobados. La pregunta de Zoido a Susana Díaz en la sesión de control incidió sobre lo mismo. El presidente de los populares le cuestionó a qué estaba esperando para personarse en el caso de las facturas de UGT-A y la gestión de los fondos públicos para formación de desempleados. “Los socialistas han pagado con dinero de todos los andaluces maletines falsificados en Asia, mariscadas, fiestas e la feria y karaokes en el Caribe, pese a quien le pese”, advirtió Zoido. Díaz le reprochó a su oponente que esté “atrapado en el mismo discurso sobre la corrupción”, y que a punto de abandonar la silla de líder de la oposición, no haya variado ni un milímetro su “única” línea argumental. En las dos intervenciones que tuvo, Zoido no hizo sino empujar a la presidenta contra el caso de las facturas de UGT y el fraude de los ERE. “¿Usted está del lado de la vergüenza o de los sinvergüenzas?”, apuntó. Las continuas informaciones sobre irregularidades en la facturación de ayudas públicas para cursos de desempleados ha puesto a la federación andaluza de UGT contra las cuerdas. Durante meses, el líder de la organización, Francisco Fernández Sevilla, se limitó a denunciar una campaña mediática de acoso contra el sindicato. Fernández, que fue número dos de Manuel Pastrana durante los años bajo sospecha, asegura que la investigación interna que ha emprendido el sindicato no ha detectado fraude, aunque sí desvíos en algunas facturas que “entran dentro de la normalidad”. Pero la presión ha ido in crescendo, hasta que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha llamado al orden a su homólogo andaluz, exigiéndole transparencia y explicaciones. El miércoles pasado, la federación andaluza anunció un congreso extraordinario para después de Navidad, cuyo único punto será analizar las presuntas irregularidades en las cuentas del sindicato. Por primera vez, Fernández Sevilla no descartó presentar su dimisión, “si los afiliados lo piden”. El pasado mes de septiembre, la Fiscalía abrió diligencias contra Fernández y Pastrana por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en las subvenciones concedidas por la Junta en un caso destapado por el diario El Mundo. Salieron a la luz documentación interna y envíos de email de dirigentes del sindicato que atestiguaban algunos gastos de representación excesivos, justo después de que UGT hubiera acometido un expediente de regulación de empleo (ERE). Las informaciones no sólo derivaron en los tribunales, sino que dañaron al sindicato por dentro, hasta el punto de que las bases crearon una página web para exigir la dimisión de Fernández.

  • 1