Las grandes cifras macroeconómicas presentadas ayer por el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 no recogen aún las transferencias de financiación que recibirán las comunidades autónomas, aunque la Consejería de Hacienda si sabe ya que la caída del 22% en el Fondo de Compensación Interterritorial destinado a corregir los desequilibrios entre comunidades se traducirá en 159 millones para Andalucía en este apartado, 45 menos de los consignados este año. También sabe que el cuadro macroeconómico de los Presupuestos cuyos detalles se conocerán el lunes prevé mantener el objetivo del déficit para las autonomías en un 1% del PIB y la Junta, que en agosto logró arrancar al Gobierno dos décimas de margen para este año (del 1,7% al 1,58%)ya avisó entonces de que con un 1% para 2014 tendría muy difícil hacer sus cuentas. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, fue ayer más allá y anunció que si el Gobierno no recapacita y lo flexibiliza lo llevaremos a los tribunales. El mismo camino que seguirá si no consigna 1.500 millones para saldar su deuda por el déficit de inversión al no ejecutar el 17,8% que corresponde a Andalucía por población
La presidenta, Susana Díaz, y la consejera de Fomento, Elena Cortés, ayer con el alcalde de Málaga.
Desde la reforma del Estatuto andaluz de 2007, avalada por las Cortes, Andalucía debe recibir un 17,8% de las inversiones estatales para infraestructuras atendiendo a su peso poblacional. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero así lo consignaba en los sucesivos Presupuestos pero no llegó a ejecutar toda la inversión prevista y al final de su mandato, una Comisión bilateral cuantificó en 1.500 millones la deuda del Estado con Andalucía correspondiente a 2008 y 2009 (en 2010 y 2011 se sumarían 700 más). En los presupuestos del año pasado, el Gobierno del PP ya ni siquiera sobre el papel consignó la inversión correspondiente y tampoco el pago de la deuda atrasada. Montero denunció ayer que el Estado no ha hecho frente a ni un solo pago de los 1.500 millones de deuda en virtud de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía por lo que avisó de que si no se contempla en el detalle de los PGE, la Junta acudirá a los tribunales para obligar a hacer frente a esos pagos.
La consejera de Hacienda reconoció que estas cantidades nos hacen más falta que nunca para nuestra elaboración presupuestaria, para así no ahondar en la austeridad, por lo que no dudarán en recurrir los PGE pues no se ha movido ni un solo dedo por parte del Gobierno, al menos para pactar ni en qué tiempo ni en qué plazos se revertirá ese dinero.
No obstante, Montero emplazó a conocer el lunes el desglose detallado de los PGE y ver cómo la inversión afecta a la comunidad y cómo se han dotado todos los fondos. No obstante, se mostró pesimista porque la inversión civil cae un 27% lo que nos lleva a cifras de los años 80; las previsiones de creación de empleo son engañosas porque se basan en la salida de inmigrantes y el aumento de la temporalidad;y vuelven a cargar el peso del ajuste en las comunidades, que son las competentes en materia de sanidad, educación, dependencia y políticas sociales, toda vez que tendremos que hacer cinco veces mayor esfuerzo que el Estado, lo que obligará a un presupuesto [andaluz] más austero. Por ello insistió en que haya una mayor flexibilidad sobre el objetivo del déficit y se reparta con las comunidades. Si se mantiene el 1%, avisó, la Junta también se enfrentará al Estado en los juzgados.
FUNCIONARIOS
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, también fue preguntada por los PGE durante su visita al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aunque se mostró prudente al no conocer sus detalles. Voy a esperar a ver cuál es el resultado final y espero que no respondan a demandas de otra índole y recibamos lo que de justicia sea de Andalucía, señaló. Sí expresó su rechazo a la congelación, por cuarto año, del salario de los funcionarios porque deprime aún más el consumo y dificulta la ralentización económica. No podemos seguir cargando sobre los empleados públicos el coste de la crisis porque es una política que no está dando los frutos que son necesarios, dijo, aunque recordó que la medida es de obligado cumplimiento para todos.
Precisamente, ayer los sindicatos de funcionarios CSIF y SAF pidieron una reunión para conocer el efecto en los empleados públicos y preguntaron si la Junta va a recuperar la paga extra completa de diciembre como ha anunciado el Gobierno central. Auguraron, al igual que UGT y CCOO, un otoño caliente de movilizaciones. CCOO fue especialmente exigente con la Junta para que pelee y no sea conformista y reedite los presupuestos de 2013 o al menos explique sus intenciones al criticar que no sabemos aun absolutamente nada y no tenemos ni pistas este año. El PP defendió los esfuerzos necesarios e instó a la Junta a aclarar si va a crear nuevos impuestos o subirlos.
