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La Junta irá al rescate de las pymes tocadas por la crisis

El Gobierno andaluz anunció un "plan de salvamento" de las pequeñas y medianas empresas que se hayan declarado en suspensión de pagos, la mayoría del sector de la construcción. El tercer paquete contra la crisis aprobado por la Junta -sin cuantificación económica- insiste en la VPO y la rehabilitación para rescatar parados.

el 15 sep 2009 / 10:15 h.

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El Gobierno andaluz anunció un "plan de salvamento" de las pequeñas y medianas empresas que se hayan declarado en suspensión de pagos, la mayoría del sector de la construcción. El tercer paquete contra la crisis aprobado por la Junta -sin cuantificación económica- insiste en la VPO y la rehabilitación para rescatar parados.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, mantuvo ayer una reunión con sus dos vicepresidentes -Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán- y otros cinco consejeros (Innovación, Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente y Turismo). El titular de Empleo no asistió por estar fuera del país. El encuentro, que según Chaves estaba convocado desde julio, se produjo una semana después de que Zapatero convocara a su Ejecutivo para analizar la crisis.

El Gobierno andaluz valoró el impacto de las medidas aprobadas hasta ahora -en febrero y junio- para hacer frente al parón económico y que suman, señaló Chaves, 8.100 millones de euros -incluyendo las partidas aprobadas por el Gobierno de la Nación-. La Junta ha pisado el acelerador en la licitación de obra pública y en los primeros seis meses del año ha alcanzado el montante total licitado en 2007. "El alcance real de las medidas aún no se ha podido comprobar, habrá que esperar a los próximos meses", dijo Chaves, que tampoco pudo ofrecer datos sobre el impacto sobre el empleo. Andalucía aportó en julio uno de cada dos nuevos parados y el desempleo creció en la comunidad un 21,3% en el último año, un 66,68% en el sector del ladrillo.

Paro. Precisamente la prioridad de la Junta, que admite que tiene un margen de maniobra reducido, es enfrentar los efectos de la crisis sobre el empleo, las pymes -mayoría en el tejido productivo andaluz- y las familias andaluzas.

El tercer conjunto de actuaciones, que ayer avanzó Chaves y que se aprobará definitivamente en el próximo Consejo de Gobierno, se centra en rescatar empresas y parados de la construcción. Las últimas medidas no tienen una cuantificación económica, señaló el Ejecutivo, al incluir un puñado de actuaciones difíciles de medir en números.

Chaves anunció que la Consejería de Innovación está trabajando en un "plan de ayudas de salvamento de pymes" conforme a las directrices de la Unión Europea. La Junta implantará un conjunto de incentivos para ayudar a empresas con dificultades financieras, que estén en situación preconcursal o incluso concursal. El objetivo es ayudar a las sociedades que ahogadas por las deudas y con falta de liquidez o dinero efectivo se declaren en suspensión de pagos. El Gobierno andaluz dijo desconocer el número de procedimientos judiciales de este tipo abiertos. Las pymes auxiliares del sector de la construcción, dedicadas al suministro de materiales y servicios a las constructoras son las primeras que han echado el cierre. Las ayudas, avanzó el Gobierno, podrán alcanzar hasta los 10 millones de euros. Cada caso se verá de forma "individualizada".

La Junta también podrá en marcha un programa de rehabilitación en los 300 municipios más afectados por el desempleo. Su objetivo es sacar a unas 5.000 personas del paro. Y de nuevo la construcción de VPO protagoniza las medidas del Gobierno andaluz, que pondrá en marcha otra batería de iniciativas para agilizar su construcción. El presidente de la Junta admitió que existen problemas en la financiación de VPO, después de que bancos y cajas hayan cerrado el grifo y estén poniendo pegas a la concesión tanto de crédito para las constructoras como de hipotecas para los ciudadanos adjudicatarios de un piso protegido. En este escenario, Chaves anunció que la Junta baraja como solución fomentar el alquiler con opción a compra para que la firma de la hipoteca se pueda retrasar algún tiempo. La medida del PP, que aboga porque la Junta actúe como avalista de los compradores de VPO, fue calificada por Chaves de "frivolidad". Con el repunte de la morosidad como telón de fondo, el Gobierno aseguró que le costaría 18.000 millones de euros en cuatro años.

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