La Junta no quiere una cascada de peticiones de despidos en los ayuntamientos por avalar el expediente de regulación de empleo (ERE) de Almensilla. El delegado de Empleo, Antonio Rivas, cortó de raíz esa posibilidad al remitir a la Fiscalía el caso "por si hay irregularidades" y evitar que otros consistorios usen la crisis para reducir sus plantillas.
Rivas, defendió el papel de la Junta en la negociación sobre el expediente de regulación de empleo presentado en el Ayuntamiento de Almensilla, que afectará a 24 trabajadores -un tercio de la plantilla- y que para cuya aprobación se apoyó en un informe de la inspección de trabajo. Rivas desveló que, además, trasladará el caso a la Fiscalía no tanto para detectar errores, sino más bien para "que no cunda el efecto llamada entre los consistorios", pues se quiere que todos "revisen bien sus situaciones financieras y se ajusten a la realidad".
El delegado de Empleo destacó la "participación muy activa" de la Junta en el conflicto. De hecho, se mantuvieron reuniones con representantes sindicales, el comité de empresa y Ayuntamiento" en las que se advirtió de las posibilidades que se abrían al autorizar o desautorizar el ERE".
Con condiciones. Asimismo, apuntó que en esas reuniones la Junta puso como "regla del juego", por un lado, que la Consejería de Empleo "no iba a ser vehículo ni instrumento para abaratar costes de despido de los trabajadores", y por otro lado, que "todos los ERE que se presentaran se iban a trasladar a la Fiscalía por si se detectaban irregularidades, y para que no cundiera ese efecto llamada".
"Se ha tratado de buscar elementos de unión entre las partes", agregó Rivas, a la vez que precisó que en el proceso de negociación pidió a la inspección de trabajo que obtuviera las cuentas municipales de los últimos tres ejercicios presupuestarios.
Por ello, la inspección de trabajo realizó un informe sobre la situación económica del Ayuntamiento en el que se constató que la situación de las arcas municipales "ponía en riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales y de los salarios del personal laboral, por lo que el ERE tenía que ser autorizado". Esta losa financiera se debe, entre otros motivos, al hecho de que "se han tenido más recursos humanos que los establecidos en el presupuesto municipal".
Rivas agregó que en función del informe se autorizó el expediente de regulación de empleo, no sin antes exigir un certificado al consistorio en el que garantizara que se cumpliría el ofrecimiento que hizo de indemnizar con 45 a 60 días por año trabajado y de esta manera evitar que los trabajadores "queden desprotegidos".
Por última, la Junta insistió en que su estudio constataba la imposibilidad de mantener los puestos de trabajo por la situación económica del Ayuntamiento, por lo que forzó y presionó una mediación para preservar el poder adquisitivo de los empleados que salgan a la calle y evitar que se marchen con menos dinero, hasta alcanzar una indemnización adecuada
