La Junta mantendrá el impuesto a la banca, que entra en vigor el 1 de enero, pese a que el Ministerio de Política Territorial que preside Manuel Chaves lo ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) por invasión de competencias al afectar a bienes situados fuera de la comunidad. Esta nueva tasa forma parte del paquete fiscal que anunció el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en el Debate del Estado de la Comunidad en junio para reducir el déficit público. El Parlamento lo aprobó con los únicos votos del PSOE hace tres semanas y ya está publicado en el BOJA. Tanto en BOJA como en BOE se recoge ya el procedimiento de inconstitucionalidad, firmado por el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, contra el impuesto que gravará los depósitos de las entidades con oficinas en Andalucía.
La Junta, que espera recaudar 132 millones de euros en 2011 con esta tasa, restó ayer importancia al recurso del Gobierno amigo. La consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, aseguró que este conflicto "no supone ninguna novedad política" porque era "previsible". Extremadura cuenta con un impuesto igual que el Ejecutivo de Aznar llevó al TC en 2002. El gabinete de Rodríguez Zapatero mantuvo el recurso extremeño, con lo que Andalucía "era plenamente consciente" de que correría la misma suerte.
El procedimiento ahora pasa por la convocatoria de la comisión bilateral entre ambas administraciones -aún no hay fecha- para ver si se puede llegar a un acuerdo y evitar los tribunales, algo que Moreno ve improbable porque tanto Andalucía como el Gobierno central "tienen posiciones muy claras" que no van a cambiar. "Tanto Extremadura como nosotros tenemos razones jurídicas para ganar", indicó la consejera.
De la lectura política, pidió no "hacer paralelismos" y rechazó que el recurso sea un "tropiezo" por el hecho de que parta del ministerio de Chaves. Este asunto -añadió- no está entre las "preocupaciones" del Gobierno andaluz, que espera que tarde varios años en resolverse. Moreno recordó que la litigiosidad entre ambas administraciones es "baja". Precisamente, las recientes visitas de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y del vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, han limado conflictos pendientes como el deslinde de Doñana -la Junta no lo recurrirá- y el recorte de VPO.