El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
El Gobierno andaluz ha impuesto a Telefónica tres sanciones que suman 920.000 euros por vulnerar los derechos de información de los usuarios, y ha multado con 828.000 euros a Caixabank, como sucesora de las entidades Cajasol y Banca Cívica, por «ocultar información» en las participaciones preferentes.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, informó tras la reunión del Consejo de Gobierno, que éste ha acordado una triple sanción a Telefónica Móviles de España por infracciones de carácter «muy grave» relacionadas con la información a clientes. Este expediente, que se remonta a la campaña de inspección de la Junta en 2011 realizada por el Servicio de Consumo de Huelva, resuelve que Telefónica «no informó ni en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato del coste del servicio de detalle de llamadas, y tampoco indicó los precios en los contratos de pospago, infracción que se sanciona con 350.000 euros».
Por otro lado, la empresa «no facilitó facturas independientes de los servicios de tarificación adicional ni contratos a las personas usuarias finales en la modalidad de prepago, pese a su solicitud expresa», lo que deriva en otra multa de 350.000 euros. Además, la Inspección de Consumo comprobó que la operadora «no atendió las solicitudes de desconexión de los servicios de mensajería Premium y de llamadas internacionales, que permanecieron activados con los consiguientes perjuicios económicos», por lo que reclama otros 220.000 euros.
Telefónica confirmó ayer que «va a recurrir por vía judicial» esta sanción, tras una primera consulta con sus servicios jurídicos, informaron fuentes de la compañía.
Las tres infracciones se tipifican como «muy graves» al concurrir circunstancias como «haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un elevado número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado», señaló la Junta, que agregó que se añade que la empresa «cometió las infracciones valiéndose de su posición dominante en su sector». Según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en 2011, año en que se hicieron las inspecciones, «Telefónica Móviles era, tras Vodafone, la segunda mayor operadora en el mercado de las telecomunicaciones de Andalucía», remarcó la Junta, que recordó que este sector «es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones en la comunidad». Desde enero de 2011 hasta la fecha se han presentado 17.661, lo que supone un 24 por ciento de las 71.796 interpuestas en total. Telefónica ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno con una multa de 440.000 euros por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas, tras una denuncia de Facua.
Por otro lado, la Junta también acordó sancionar con 828.000 euros a Caixabank como «sucesora universal» de las extintas Cajasol y Banca Cívica por las infracciones cometidas por estas dos entidades en la comercialización de participaciones preferentes, básicamente por «ocultar información relevante» en esta materia.
Vázquez apuntó que esta sanción es fruto de dos expedientes abiertos a Cajasol y Cívica y tiene su origen en 483 reclamaciones. Los procedimientos sancionadores, que se iniciaron en abril de 2013, consideran probado «que Cajasol primero y Banca Cívica después ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de estas participaciones preferentes»., y explica que los afectados «no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra».
En el entorno de Caixabank la multa ha pesado, y mucho. La entidad solucionó el problema heredado de Cajasol y posterior Banca Cívica abonando, mediante canje, la totalidad del nominal de las preferentes comercializadas por los antiguos gestores de la caja de ahorros sevillana y del grupo que posteriormente gestó con Caja Burgos, Caja Navarra y Caja Canarias.
Por esta razón, se consideraba, de hecho, una cuestión zanjada, y más incluso si se tiene en cuenta que el catalán es de los pocos bancos en España que ha solventado satisfactoriamente el problema de las preferentes. De hecho, la Junta ha reconocido su colaboración y buena disposición.
